Habrá que organizarse

El buen sentido –y el buen gusto– me piden no comentar la última blasfemia, la de esa pretendida poetisa que parodió el Padrenuestro en la entrega de los Premios Ciutat de Barcelona. A toda esta gente, en sus distintas variantes, quizás les estamos haciendo demasiado caso, pero si lo comento es porque esos actos cargados de rabia y odio llevan trazas de no ser aislados. Es un suma y sigue que protagonizan miembros de partidos llamados radicales o de su entorno, que ya no están extramuros del sistema, sino instalados en él y con vocación de hacerse con el poder total.

Ejemplos no faltan: el asalto a la capilla de la Complutense, la exposición con hostias consagradas en Pamplona o las cabalgatas sibilinamente ridiculizantes. Esto en cuanto a lo directa y ofensivamente laicista y dejo al margen casos distintos como la retirada –con el pretexto de la memoria histórica– de la lápida en memoria de los carmelitas asesinados en 1936 o la pretensión de retirar la simbología religiosa de algún cementerio municipal.

No soy de los que van por la vida con el Código Penal en la mano, como guía de campo, ni me gustan los que espolvorean cada encontronazo social con querellas, no sólo porque suelen ser calenturientas, sino porque su abuso desprestigia la acción popular. Pero esto no quita para que estos hechos y los venideros –¿qué deparará la Semana Santa?– tengan un trato jurídicamente serio, adecuado. Ese talante mío no supone impunidad ni que exculpe unas ofensas apelando a la libertad de expresión. Hay que denunciarlas, pero con la convicción de que, en el fondo, no hacen daño: no son el problema, son el fogonazo del problema. Es rabia, actos de odio diabólico que mueven sólo a sus protagonistas: nadie va a perder la fe tras oír a la «poetisa» de Barcelona o a la portavoz madrileña gritar en la capilla de la Complutense: «¡Menos rosarios y más bolas chinas!». Eso es histeria, rabia: dan lástima e invita a ejercitarse en el desagravio.

En esa fijación obsesiva hacia lo religioso hay un punto en común que es el protagonismo femenino, mejor dicho, del feminismo radical: la «poetisa», las alcaldesas de Barcelona o Madrid, las concejalas de cultura de Pamplona o Madrid, la portavoz madrileña... En su laicismo cavernario no andan lejos de los numeritos ya más salvajes de Femen y su patológica obsesión antirreligiosa. Las de Femen no esconden sus razones y descargan su odio por la postura de la Iglesia frente a la ideología de género y lo que conlleva; enlazan así con otro colectivo agresivo y con cuentas pendientes con la Iglesia: el movimiento LGTB.

Lo preocupante es esa coalición, esa ideología de género aliada en «joint venture» con un laicismo frío, pertinaz, a veces silencioso y otras no tanto, pero sistemático. Se cuela en el sistema educativo, en el lenguaje, en la cultura, en las leyes sobre la familia, sobre la persona, hasta en el sistema fiscal; es un laicismo que lleva en este momento como mensaje esa nueva visión de la persona, para lo que precisa borrar su concepción natural y hace degenerar la igualdad en igualitarismo agresivo para triturar a la Iglesia –enemigo declarado– y en general a la libertad religiosa.

Insisto: esos gestos insultantes son algo más que actos aislados, más que actitudes de cara a una parroquia que hay que alimentar a base de gestos que oculten el aburguesamiento cínico de los dirigentes radicales. Se advierte más bien un empeño soterrado, planetario, por imponer una concepción de la vida y de la persona que se concita en esa ideología de género y sus ramificaciones, un empeño del que emerge esa rabia contra quien es su único oponente global, serio y tenaz: la Iglesia.

Por eso ante lo que intuyo que viene no valen querellas hechas en una tarde de furor, irreflexivas. Es preciso no confundir lo ofensivo con lo grave, evaluar todos los frentes jurídicos y diseñar una sólida, organizada, coordinada, especializada y muy reflexionada defensa jurídica –de calidad y profesional– en lo civil, en lo administrativo y constitucional. Y penal si procede, que no lo ninguneo. Es en ese frente donde la defensa y las armas jurídicas están por organizarse.