El Papa endurece las penas por pederastia

El Papa ha aprobado una reforma del código penal de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano que contempla la supresión de la cadena perpetua y una mayor definición de delitos contra menores.

La voluntad reformista de Francisco volvió ayer a quedar de manifiesto con las nuevas leyes en materia penal y de sanciones administrativas que va a adoptar el Estado de la Ciudad del Vaticano a partir del próximo 1 de septiembre. Los cambios se producen con una doble acción: un motu proprio (documento magisterial) firmado ayer por Francisco relativo a este ámbito, y la aprobación por parte de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano de tres leyes de ámbito penal y referentes a las sanciones administrativas de los trabajadores y colaboradores de la Santa Sede.

Con esta nueva legislación, los funcionarios vaticanos, nuncios y personal diplomático, así como los otros miembros de la Curia romana, podrán ser imputados incluso aunque hayan cometido los delitos fuera de las fronteras del Vaticano.

«En nuestro tiempo, el bien común está cada vez más amenazado por la delincuencia organizada y transnacional, por el uso indebido de las condiciones económicas y del mercado, así como por el terrorismo». Con estas palabras empieza Francisco su motu proprio, en el que manifiesta la necesidad de que la comunidad internacional «adopte instrumentos jurídicos adecuados que permitan prevenir y combatir la criminalidad, favoreciendo la cooperación judicial internacional en materia penal».

Entre las normas, destaca la redefinición que se hace de la categoría de los delitos contra los menores de edad, entre los que se incluye la venta de niños, la prostitución y la violencia sexual. También se tipifica como crimen punible de forma más precisa la pornografía infantil, la posesión de este tipo de material y los actos sexuales contra los menores de edad. De esta manera, Francisco continúa la línea de «tolerancia cero» contra los abusos marcada por Benedicto XVI, quien ya en 2010 modificó el ordenamiento jurídico para perseguir mejor estos delitos.

En sus casi cuatro meses como Obispo de Roma (mañana se cumplirán), Francisco ha hecho varios llamamientos que muestran su firme voluntad de acabar con esta lacra dentro de la Iglesia católica. En abril le recomendó al arzobispo alemán Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que actúase «con decisión» frente a los casos de abusos sexuales, siguiendo la «línea querida por Benedicto». El Pontífice le pidió que se promuevan «medidas para la protección de los menores» y para «ayudar a todos los que han sufrido esta violencia».

Además, deseó que se lleven a cabo los «procedimientos debidos con los culpables» y que las conferencias episcopales se «comprometan» a formular y poner en marcha «las directivas necesarias en este campo». Un mes después, durante el rezo del Regina Coeli en la plaza de San Pedro, envió un saludo a todos los que «han sufrido o todavía sufren» algún tipo de abuso. «Querría asegurarles que están presentes en mi oración», dijo entonces el Pontífice.

Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, explicó que con los nuevos cambios legislativos, estos crímenes están «mucho mejor definidos». «Es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de la pornografía infantil. Está claro que en el código de 1889 esto no existía», afirmó. Se refería Dalla Torre al Código Zanardelli, que entró en vigor en Italia en aquel año y fue adoptado por el Vaticano en 1929 tras los Pactos Lateranenses. El sistema penal de la Santa Sede se rige, en gran parte, por este texto.

La reforma que promovió ayer Francisco actualiza el sistema penal añadiendo los compromisos a los que llegó el Vaticano en múltiples convenciones internacionales de las últimas décadas. Según escribe el Papa en su motu proprio, con sus adhesiones, la Santa Sede ha afirmado que estos acuerdos «constituyen medios efectivos para contrastar las actividades criminales que amenazan la dignidad humana, el bien común y la paz». De esta manera, se tipifica la tortura como crimen, se incluye el delito contra la humanidad, se contemplan los crímenes de guerra, como el genocidio, y se realiza un compromiso para eliminar cualquier tipo de discriminación racial y para combatir el apartheid.

El secretario para las relaciones con los Estados de la Santa Sede, el arzobispo Dominique Mamberti, destacó entre las nuevas figuras delictivas la extradición de todas las personas acusadas o declaradas culpables de los delitos sobre seguridad área o marítima cometidos en el extranjero «en el hipotético caso de que se hubieran refugiado» en el Estado Vaticano.