Vaticano

El Papa estrecha el control sobre las canonizaciones

Crea una nueva norma para favorecer la transparencia financiera y limitar los gastos

Un momento de la beatificación de Juan Pablo II en el Vaticano
Un momento de la beatificación de Juan Pablo II en el Vaticanolarazon

Crea una nueva norma para favorecer la transparencia financiera y limitar los gastos

El Papa Francisco ha dado un paso más en las reformas de la Santa Sede con la aprobación de nuevas normas para los procesos de canonización, reforzando los controles de vigilancia y dotando de mayor transparencia los costes que se derivan de este trabajo.

El Vaticano informó ayer de que las nuevas normas entraron en vigor el pasado 4 de marzo y se probarán durante tres años para testar la reforma. De ser efectiva, la normativa será definitiva y sustituirá para siempre a la que estaba vigente hasta este mes y que aprobó Juan Pablo II en 1983.

Francisco pretende acabar con ciertos abusos que se cometían a la hora de inscribir en el libro de los beatos o de los santos a algún candidato, un minucioso y exhaustivo trabajo que se realiza durante años y tiene una serie de costes. Desde ahora, la gestión de los bienes, donaciones, gastos y honorarios necesarios para los procesos será más simple y funcional. Además, los promotores de las Causas y los obispos diocesanos competentes estarán más implicados.

El Vaticano explicó a través de un comunicado de prensa que «las Causas de beatificación y canonización, que por su complejidad requieren mucho trabajo, comportan gastos para divulgar el conocimiento sobre la figura del siervo de Dios o beato, para la solicitud, para la fase romana y para las celebraciones de beatificación o canonización».

El documento con la nueva normativa establece además que «por cuanto respecta a la fase romana la Sede Apostólica, dada la peculiar naturaleza de bien público de la Causa, sostiene los costes, en los que los solicitantes participan a través de una contribución, y presta atención a que los honorarios y los gastos sean bajos para no obstaculizar su proseguimiento». Para que los gastos se gestionen de manera correcta, Bergoglio introduce una nueva figura, la del «administrador», que será nombrado por el promotor de la Causa de acuerdo con el obispo y se ocupará de todos los asuntos económicos de los que hasta ahora se ocupaba el mismo postulador. El administrador vigilará los gastos y gestionará el fondo de bienes para evitar que se especule con el dinero de la Causa y se emplee de manera impropia. La nueva normativa precisa que el promotor constituye este fondo de bienes para los gastos de la Causa, procedente de ofrendas tanto de personas físicas como de personas jurídicas, que es considerado, por motivo de su naturaleza particular, «fondo de Causa pía». Y se indica que «la administración del fondo debe respetar escrupulosamente la intención de los oferentes, tener una contabilidad regularmente actualizada, redactar anualmente los balances para presentar al promotor para la aprobación correspondiente, enviar al postulador una copia de los balances».

Cuando el promotor pretenda utilizar una sola parte de los bienes para fines diferentes a las Causa tendrá que obtener la autorización de la Congregación de las Causas de los Santos.

El promotor, una vez que recibe el balance, después de aprobarlo, tiene que enviar una copia a la autoridad competente para la vigilancia. De este modo, en caso de incumplimiento o de abusos de naturaleza administrativo-financiera por parte de los que participan en el desarrollo de la Causa, el dicasterio intervendrá disciplinariamente.

El llamado Fondo de Solidaridad, que es alimentado con las ofrendas libres de los promotores y de cualquier otra fuente, se constituye ante la Congregación de las Causas de los Santos. En los casos en los que haya una dificultad real para sostener los costes de una Causa en fase romana, el promotor puede pedir una contribución a la Congregación. Por último, el Papa quiere que, una vez celebrada la beatificación o la canonización, la administración del fondo rinda cuentas de los bienes a la administración general para la correspondiente aprobación.