El Vaticano abandera la lucha contra los abusos

La Santa Sede acaba de crear una comisión para agilizar los casos cuyo protocolo se activa nada más conocerse los hechos y puede conllevar la expulsión del culpable del estado clerical.

En los últimos años, la Iglesia ha ido perfeccionando el protocolo de actuación ante casos de abusos sexuales perpetrados por el clero. Hoy, el procedimiento de actuación continúa actualizándose, así como las medidas adecuadas para su prevención y el cuidado pastoral con las víctimas. Sin duda alguna, Benedicto XVI tomó el asunto con mano de hierro y dio inicio a una nueva etapa que hoy continúa con el Papa Francisco, quien se ha mostrado ya implacable en relación a varios casos. Parte de este camino es la medida puesta en marcha por el Papa argentino hace apenas 15 días con la creación de un Colegio especial para el estudio de los recursos de apelación contra sentencias condenatorias por delitos graves cometidos por miembros del clero, que estará integrado en la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano que tiene en sus manos las cuestiones doctrinales más delicadas de la Iglesia. El objetivo de la nueva comisión, formada por siete cardenales u obispos que aún no se conocen, es el de garantizar la rapidez de los procesos.

En Doctrina de la Fe se encuentra la denominada Sección Disciplinar que es la que se ocupa en concreto de estos casos y está formada por varios sacerdotes. Por encima se encuentra el promotor de justicia que hace las veces de fiscal. Precisamente, el pasado septiembre, Francisco nombró a Robert J. Geisinger como nuevo promotor, en sustitución de Robert W. Oliver, a quien designó secretario de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores.

En 2001, Juan Pablo II promulgó el decreto «Sacramentorum Sanctitatis Tutela», con el que atribuía a este órgano de la Santa Sede las competencias necesarias para tratar y juzgar según el ordenamiento del Derecho Canónico los delitos más graves. Este decreto va acompañado por una serie de normas que se han ido actualizando desde entonces con el fin de agilizar y simplificar los procedimientos, de tal manera que sean más eficaces y hagan cara a nuevos problemas.

El protocolo contra los abusos se activa nada más conocerse un caso, bien porque alguna víctima ha informado a la Santa Sede, bien porque se lo ha contado al obispo de la diócesis en la que tuvieron lugar los abusos o bien porque el terrible delito se ha destapado de alguna manera, por ejemplo a través de los medios de comunicación. La diócesis local debe investigar siempre todas las denuncias, que es justamente lo que el Papa Francisco pidió al arzobispo de Granada nada más recibir la carta de la víctima en la que contaba lo sucedido. Si la acusación es verosímil, el caso debe remitirse a Doctrina de la Fe y el obispo debe proporcionar toda la información necesaria, además de explicar su opinión acerca de los siguientes pasos a dar y las medidas que se deben adoptar a corto y largo plazo. Todo ello siguiendo el Derecho Civil y colaborando con las autoridades civiles del lugar desde el primero momento. De hecho, la Iglesia subraya que «es necesario adecuarse desde el primer momento a las disposiciones de ley vigentes en los diversos países».

Durante la primera etapa de investigación y hasta que finalice el caso, el obispo debe poner medidas cautelares para salvaguardar a la comunidad y a las propias víctimas. Según la normativa vigente en la Santa Sede, el obispo debe proteger siempre a los niños y para ello debe tomar todas las medidas oportunas para asegurar que no se hace ningún daño. Una vez que el procedimiento se ha puesto en marcha, Doctrina de la Fe puede autorizar al obispo local a iniciar un proceso judicial ante un tribunal de la Iglesia, pero los recursos en estos casos irían directamente a la Santa Sede. En el caso de los abusos en Granada, el Papa Francisco habría encargado la investigación canónica a la diócesis de Valencia y el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Gerhard Müller, así lo habría comunicado a la diócesis de Granada. El sacerdote acusado está obligado a responder a las acusaciones, así como a presentar un recurso ante la Congregación contra el decreto que lo condene a una pena canónica. Una vez se revise el decreto, la decisión de los cardenales miembros de este dicasterio es definitiva.

Expulsados sin recurso

Si el sacerdote es juzgado y declarado culpable, el proceso judicial y el administrativo-penal pueden condenarlo a una serie de penas canónicas siendo la más grave la expulsión del estado clerical. Pero el protocolo contempla también que en casos muy graves, o en aquellos en los que el proceso penal civil haya declarado al clérigo culpable de abuso sexual a menores, la Iglesia puede llevar directamente el caso al Papa para que éste promulgue un decreto, llamado «ex officio» con el que se expulsa al culpable del estado clerical. Contra esta decisión del Papa no hay recurso posible. El Papa también es el responsable de conceder la dispensa al sacerdocio a los sacerdotes que hayan reconocido su delito y deseen volver al estado laical.

Las normas vaticanas apuntan además a que si el sacerdote acusado ha admitido sus delitos y ha aceptado vivir una vida de oración y penitencia, Doctrina de la Fe autoriza al obispo de la diócesis a la que pertenecen a emitir un decreto que prohíbe o restringe el ministerio público de dicho sacerdote. En el caso de que el religioso osara violar el decreto, de nuevo sería penado canónicamente.

La lucha de la Iglesia contra los abusos sexuales del clero en los últimos años ha ido más allá y en mayo de 2012 el propio Vaticano pidió a las conferencias episcopales de todo el mundo confeccionar unas «líneas guía» en las que se indique el procedimiento que seguiría cada diócesis en casos de abusos. Los episcopados que elaboraron el documento lo sometieron a la aprobación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con el fin de comprobar si seguía las nuevas normas establecidas por Benedicto XVI en 2010 y con las que se plantaba cara con más fuerza a estos delitos. Entre las nuevas medidas del ya Papa emérito, se encuentra el aumento de diez a veinte años del plazo de prescripción de los mismos y que puedan ser miembros del tribunal abogados o procuradores y no sólo sacerdotes, sino también laicos. Sin embargo, a juicio de algunos las reformas efectuadas en los últimos años por la Iglesia son todavía insuficientes. En un duro informe sobre los derechos de los niños, en el mes de febrero, la Comisión sobre los Derechos de los niños de la ONU acusó al Vaticano de no haber tomado las medidas adecuadas y de no ser transparentes a la hora de tratar estos casos, además de solicitar a la Iglesia que cambie su doctrina y su actitud sobre asuntos como el aborto. La respuesta de la Santa Sede no se hizo esperar y denunció que para la elaboración del informe no se habían tomado en cuenta todas las medidas adoptadas por la Iglesia, calificó de «injerencia» algunos puntos del informe y prometió «examinar minuciosamente» las observaciones de la ONU. No obstante, hace apenas unos meses se supo que el Vaticano expulsó a cerca de 850 sacerdotes entre 2004 y 2013 acusados de abuso sexual.