Los universitarios toman la calle contra las polémicas leyes de universidades de Castells

Los universitarios españoles tomaron ayer las calles con concentraciones y actos de protesta contra la reforma del sistema universitario emprendida por el Gobierno a través del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y de la Ley de Convivencia (LCU), ahora en diferentes fases de tramitación. Un grito unánime se oía en sus marchas: «No solucionan nada». Aprovechaban estos momentos ya que en el caso de la LCU los estudiantes podrían ser expulsados en el futuro por esgrimir el derecho a la libertad de expresión. «Una ley moradaza», denunciaban. En Madrid, los estudiantes se hicieron oír en torno al Congreso de los Diputados.

La Ley de Convivencia «intenta limitar la capacidad del alumnado de opinar y quejarse. A este paso no se va a poder protestar contra la propia universidad porque te pueden echar», explicaba a Efe Jorge Alonso García, alumno de cuarto y último curso en la Facultad de Filosofía y Letras, y coordinador en Valladolid del Frente de Estudiantes (FdE), convocante de esta protesta a escala nacional. Las becas constituyen otro foco de litigio: «Son insuficientes para cubrir las necesidades del alumnado, especialmente después de la pandemia», recalcaba Jorge Alonso García antes de protagonizar al mediodía en Valladolid una concentración delante de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se leyó un manifiesto.

La futura Ley de Convivencia (LCU) sustituirá al actual reglamento universitario, y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) carece de consenso y cargará a las comunidades autónomas con el coste de su aplicación y desarrollo. Por ese motivo algunas regiones han pedido la retirada de su anteproyecto de ley.

Los sindicatos estudiantiles consideran que la pandemia y la posterior crisis económica han agravado muchos de los problemas que la universidad arrastra desde hace años y que tanto la LCU como la LOSU los van a agravar. Con el dinero como un eje fundamental: «Nos merecemos una Universidad que no expulse al estudiantado por su capacidad económica. Las consecuencias del ‘tasazo’ de la Ley Wert siguen sin remediarse teniendo que pagar matrículas cada vez más abusivas que muchas familias no se pueden permitir», recogía el manifiesto leído durante las concentraciones convocadas. Los estudiantes reclaman la gratuidad total de los estudios universitarios y un sistema de becas que iguale las condiciones de acceso.

En cuanto a la docencia e investigación, creen que el Ministerio de Universidades e Investigación no soluciona cuestiones como la falta de personal, la infrafinanciación universitaria y que el estudiante, cuando termina sus estudios, se convierte en «mano de obra precaria», agravado por la falta de regulación de las prácticas académicas.

En toda España se han repetido otros eslóganes como que se trata de leyes «regresivas» y «mercantilistas» y «una estocada definitiva a la presencia de las clases populares» en la educación superior, ya que, «bajo la consigna de la modernización, el ministro Manuel Castells sigue caminando hacia una adaptación del modelo norteamericano y los esquemas del Plan Bolonia que, en definitiva, favorece a las grandes empresas». Y recordaron que el ministro conoce bien el sistema ya que ha sido profesor en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles y Catedrático Emérito de Sociología y de Planeamiento Urbano y Regional en la Universidad de Berkeley, en ese mismo Estado.

El conflicto fue abordado ayer por la Central Independiente y de Funcionarios (CSIF), que mostró su preocupación por los «cambios inaceptables» introducidos en la futura Ley de Convivencia Universitaria (LCU) y advierten de que las enmiendas «dinamitarán» la posibilidad de un marco común para el sistema universitario en España. Así lo aseguraban en un comunicado ante las movilizaciones estudiantiles por toda España para protestar por las dos reformas universitarias promovidas por Castells.

El sindicato, que considera «justificadas» estas movilizaciones, asegura que siempre valoró el objetivo del anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria de sustituir el régimen sancionador de 1954 para que incluyera mecanismos y procedimientos de mediación como método para resolver conflictos.

Sin embargo, rechaza el proyecto de ley aprobado con las enmiendas del PSOE, UP y ERC porque, a su juicio, «vacían de contenido lo acordado» entre la Conferencia de Rectores, las organizaciones representativas de los estudiantes (Creup) y el Ministerio de Universidades. Además, critica que las enmiendas se «escuden» en la autonomía universitaria para impedir un marco común para todas las universidades españolas y que eliminen además la mediación y las medidas sustitutivas de las sanciones.