Lluvia de críticas a la “Ley Castells” por “regresiva”

El anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobado el martes por el Consejo de Ministros, no convence a algunos de los actores implicados. Pese a que el ministro Castells se ha jactado de haber realizado “más de 70 reuniones” con los diferentes agentes involucrados en el ámbito de la universidad, rectores, sindicatos y estudiantes afirman que no han sido consultados –”y mucho menos hemos negociado”– los puntos claves del documento.

Además, aducen que se trata de un texto ambiguo, que “deja muchos cabos sueltos” y que supone un “grave retroceso” en algunos aspectos, como el cambio en el modelo de designación de los rectores. “Se ocupa extensamente de definir un nuevo modelo de gobierno de la universidad pública presidencialista y gerencial en torno a la figura del rector/rectora, en detrimento de la participación democrática y de la transparencia de los órganos de gobierno y de representación”, señala la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO). La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) se ha pronunciado al respecto en la misma línea, considerando que su voto se verá perjudicado.

Otro de los asuntos clave que el texto deja sin resolver –170 artículos “llenos de ambigüedade”– es el problema de la financiación y la ”lacra” de la precariedad laboral. Y es que, pese a los esfuerzos del ministerio que dirige Castells por redefinir las figuras de Personal Sustituto Interino y Profesor Asociado, el anteproyecto no acata el problema de la carrera funcionarial en la Universidad que, en opinión de los expertos, debería garantizar la promoción sin necesidad de concurrir permanentemente a nuevos procesos de oposición para acceder a figuras contractuales mejor remuneradas y más estables. Y, aunque se supone que regulará las figuras de Personal Sustituto Interino y Profesor Asociado, que hoy por hoy “alcanzan cifras inadmisibles –en torno al 35% de las plantillas universitarias– son las más precarizadas y se utilizan como vía anómala de acceso a la Universidad”- como señala David Moscoso, profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, en su cuenta de Twitter- no resuelve en modo alguno cómo se van a financiar la contratación de nuevo personal docente e investigador en número suficiente.

Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que espera poder reunirse mañana con el ministro para expresar sus dudas e inquietudes, se preguntan si se ha acordado con las autonomías el estatuto de estas nuevas figuras laborales, ya que son ellas las que las financian actualmente, y no el Estado. Otra “puntada sin hilo”.

Las irreales expectativas del texto con respecto a la internacionalización de las universidades españolas constituyen otro punto de debate. El documento señala las bajas cifras de profesorado extranjeros en las platillas, pero no hace referencia a la causa más obvia: que el salario de un profesor doctor en nuestro país, en cualquiera de las categorías laborales o funcionariales, es muy inferior al salario de sus homólogos en la mayoría de las universidades del centro y norte de Europa. “Deberíamos preguntarnos si creemos que será exitoso diseñar un cambio de estatuto para favorecer la internacionalización sin los resortes de financiación necesarios para ello”.