250 juristas apoyan la nueva ley del aborto

El anteproyecto de ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lleva más de un mes en su recta final, de ahí que diferentes grupos en favor de la vida hayan decidido darle un último empujón. Y no sólo ellos, un numeroso grupo de juristas también ha decidido dar su opinión a través de la firma de un manifiesto que se presentará el próximo miércoles –días antes de que, previsiblemente, se apruebe el proyecto en Consejo de Ministros–. Por el momento, son 250 los que se han adherido al documento, aunque desde coordinación creen que el número podría aumentar porque «siguen adhiriéndose más personas».

«De acuerdo con la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el aborto no es un derecho de la mujer. Del derecho al respeto de la vida privada y familiar, reconocido en el Convenio de Roma, no deriva un presunto derecho a abortar». Éste es uno de los puntos centrales del Manifiesto en Defensa de la Ley de Protección al Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada que ha sido impulsado por la Plataforma de Juristas por la Tutela de los Derechos Fundamentales. Entre los firmantes del mismo se encuentran magistrados del Tribunal Supremo, los ex vicepresidentes del Tribunal Constitucional José Gabaldón y Ramón Rodríguez Arribas, profesores y catedráticos de Derecho Constitucional, como Francisco Javier Díez Revorio, el abogado y magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional Santiago Milans del Bosch, y el catedrático en Derecho Penal, Jesús María Silva Sánchez, quien, junto a Miquel Roca, se encarga de la defensa de la Infanta Doña Cristina en el «caso Nóos». Se da la circunstancia de que otro de los firmantes es al abogado Luis Felipe Utrera Molina, cuñado del ministro que impulsa la norma, Alberto Ruiz-Gallardón. Otro de los firmantes es el ex fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, así como Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo.

Los firmantes consideran que el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto constituye una «oportunidad única» para plantear la «obligación que tiene el Estado de tutelar los derechos fundamentales y, en este caso concreto, el relacionado con el derecho a la vida», además de ser una «gran ocasión para que nuestra sociedad avance en el plano ético y social, progresando en el respeto de los derechos fundamentales, presupuesto para la legitimidad del orden político y la paz social».

En esa línea, defienden que toda regulación sobre esa materia, sobre el «drama del aborto» debe tener en cuenta distintos criterios, algunos de los cuales están directamente relacionados con la doctrina que fijó el Tribunal Constitucional en 1985 en la sentencia que despenalizó tres supuestos para abortar: malformación del feto, violación o grave peligro para la salud psíquica o física de la madre. Para estos expertos en Derecho, de la citada resolución del Alto Tribunal se desprende que el derecho a la vida protege al concebido «en todas las etapas de su desarrollo, de manera que el Estado debe establecer un sistema de normas –incluidas las penales– que tutelen la vida del concebido y no nacido».

Junto a ello, se incide en que, de acuerdo con la mencionada doctrina del TC, se afirma en el manifiesto suscrito por los juristas, el Estado tiene obligación de establecer un «sistema legal para la defensa y protección efectiva del no nacido», y que, en aquellos supuestos en que renuncie a la vía penal, no debe implicar que deje de ser una conducta antijurídica, «pues el derecho a la vida y su protección no puede tener excepciones».

Pero, además de lo anterior, se reclama una protección activa por parte del Estado a la maternidad y a la mujer embarazada. «Esta obligación debe, en todo caso, ser cumplida por medio de una adecuada protección social de la maternidad, apoyando a la mujer embarazada en el proceso y facilitándole información sobre las ayudas públicas y privadas a las que tiene derecho en sus circunstancias concretas, así como de las consecuencias de tipo médico actuales y futuras del aborto», se afirma al respecto. Sin embargo, en la norma que aún se está gestando no se incluye ninguna medida concreta que, como dice la ley de Gallardón, proteja a la mujer embarazada, simplemente se la considera una víctima más. Ese papel es que las asociaciones provida esperan que juegue el Plan de Familia que está elaborando el Ministerio de Sanidad y que en uno de sus objetivos determina la necesidad de ayudas concretas para las mujeres que decidan ser madres.

El manifiesto que, de acuerdo con los firmantes, «ha surgido de forma espontánea», también cuenta con otras personalidades como Rafael Navarro-Valls, catedrático de Derecho o diputados como Lourdes Méndez, que ocupa un escaño por Murcia.