Acabar con Castor costaría 1.615 millones

Varios miles de personas –6.000 según la organización que promovió la manifestación y 2.600 según la Policía Local– exigieron ayer en Les Cases de Alcanar el desmantelamiento del almacenamiento subterráneo de gas de Castor, ante los movimientos sísmicos registrados en la zona. El temor es lógico. Ahora bien, de conseguir lo pedido, ¿quién pagaría su cierre? Es decir, los 1.615 millones de euros que, según los datos facilitados por Escal UGS, la empresa que gestiona el proyecto Castor, supondría el fin de su explotación. Ahí está la duda y el temor por otra parte. En concreto, Escal UGS destinó 36 millones de euros a la investigación del proyecto después de obtener el permiso de investigación de hidrocarburos por parte del Ministerio de Industria de 1996, según los datos facilitados por la propia compañía. A esta cifra hay que sumar los 1.260 millones que invirtió en la construcción, un 8 por ciento superior al comunicado al Ministerio en 2008, ya que «ése ha sido el encarecimiento real desde que el Ministerio nos aprobó la concesión», así como los 165 millones en intereses por los préstamos y los 154 millones que costaría de cerrarse su desmantelamiento (el sábado la empresa aseguró a este periódico que eran 250 millones, pero ayer rectificaron). ¿Quién o quiénes abonarían su cierre?

«Es el Estado el que tendrá que hacer frente al gasto según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)», afirman fuentes del sector a este periódico. Es decir, que lo pagaríamos, si no todo al menos una parte, entre todos. La explicación está en la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 3995/2006 del 29 de diciembre publicada el 30 de diciembre de 2006 en el BOE promulgada por el Ejecutivo socialista. En el artículo 5 sobre Plazo de reconocimiento de inversiones en los almacenamientos subterráneos incluidos en la red básica, el apartado 3 especifica que «En el caso de que el titular de la concesión de explotación del almacenamiento solicite la extinción de la misma en el plazo máximo de cinco años (que en 2012 se modificó a 25 años) a partir de la fecha de su entrada en vigor, se reconocerá la inversión en instalaciones...». Una partida a la que en el caso de Castor, se podrían restar las ganancias de los equipos nuevos que se podrían vender.

«...La Dirección General de Política Energética y Minas, mediante resolución y previo informe de la Comisión Nacional de Energía –continúa el citado apartado–, determinará el valor concreto de la inversión retribuible en este caso, así como su plazo de amortización. La fecha de devengo de derechos económicos será la de solicitud de extinción de la concesión». De hecho, según las fuentes consultadas por este periódico en su día «protestamos porque no se ponían los plazos de pago».

Opinión que comparten otros expertos consultados por este periódico. De cerrarse, «por muy ilógico que parezca no hay ninguna duda de que vamos a pagarlo entre todos tal y como ya pasó tiempo atrás por la sentencia del laudo arbitral por la que Gas Natural tenía que pagar unos 1.500 millones a Sonatrach y desde 2005 lo hemos pagado los consumidores», aseguró Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables.

Opinión que comparte, aunque con matices el vicepresidente del Colegio Oficial de Geológos. No tendría que estar toda la partida, ya que «habría que ver los créditos que se han dado y los avales, así como qué parte del capital avaló el Gobierno, es una maraña. En cualquier caso, sería probable que lo asumiera el Estado si se paraliza definitivamente el almacén lo que tampoco es seguro. Los terremotos están disminuyendo», afirma José Luis Barrera.

Este periódico ha preguntado a diversas entidades del sector, pero han preferido no opinar al respecto, ya que «al no existir precedente alguno resulta difícil contestar. Los otros almacenamientos de gas que hay en España no han dado ningún problema al sistema».

Sobre si habría o no que cerrarlo eso es otro asunto. La seguridad debe primar, sobre todo por la cercanía a la central nuclear de Vandellós. En cualquier caso, la frecuencia de los sismos registrados en el Golfo de Valencia en el entorno del Proyecto Castor siguió ayer disminuyendo. En concreto, desde las 00:00 hasta las 21:20 se registraron nueve movimientos sísmicos. El de mayor magnitud fue el que se produjo a las 01:50:05 del domingo, con 2,3 grados en la escala de Richter, según el portal del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Es decir, menos que el sábado cuando se produjeron 12, aunque el máximo fue de 2,2.