Después de la "bomba" que soltó el pasado martes la ministra con su ley de gestión sanitaria "antiMadrid" y a escasos días de la manifestación de la profesión médica contra su Estatuto Marco –como preludio de la primera huelga médica indefinida de 2026, que arranca el lunes que viene– el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) estaba condenado a no cumplir con el orden del día.

La mayoría de los temas que figuraban en la agenda de la reunión no eran especialmente relevantes (reparto de fondos, en su mayoría) por lo que el pleno estuvo marcado por las polémicas políticas que marcan la actualidad estos días.

La aprobación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud por parte del Consejo de Ministros estaba en el aire y sobre él se pronunció, durante la reunión, el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Madrid, que avisó a Mónica García de que, si llegara a convertirse en ley, "tendría su correspondiente respuesta en los tribunales" por parte de la Comunidad de Madrid (CAM), y de que la llevarían ante el Constitucional por invadir las "competencias autonómicas exclusivas".

Las probabilidades de que el anteproyecto se convierta en ley son muy escasas por varios motivos, pero los más importantes son la minoría parlamentaria del Gobierno en el Congreso de los Diputados desde que perdió el apoyo de Junts, y el hecho de que la norma afectaría a Cataluña, una región "donde tienen una dependencia muy alta de hospitales de gestión privada".

Cataluña, principal afectada

En esta línea, el propio Ministerio de Sanidad alertaba en un informe publicado en diciembre sobre la dependencia del SNS de centros sanitarios de gestión privada, especialmente en Cataluña y en Navarra, donde este fenómeno resulta más llamativo. De hecho, la "privatización" sanitaria es cuatro veces superior en Cataluña que en la Comunidad de Madrid.

En la región gobernada por Salvador Illa, el 58% de los hospitales públicos dependen de la gestión de entes privados y hay al menos 95 hospitales privados integrados en la red pública y 41 conciertos hospitalarios pendientes de renovación, siendo la región líder en gasto y porcentaje de conciertos sanitarios.

Sin embargo, tal y como recordó el portavoz del Ejecutivo madrileño, en la CAM "solo hay cinco hospitales de titularidad pública concesionados a operadores privados, la mayoría operados por Quirón, un modelo de éxito que le permite prestar la mejor sanidad a los ciudadanos".

García Martín acusó a la "incompetente" ministra de Sanidad de pretender "exportar a las autonomías el caos sanitario propiciado por su gestión". "Deje trabajar a las comunidades autónomas y, especialmente, a la Comunidad de Madrid, que hemos demostrado que sabemos hacerlo bien", señaló.

Por otro lado, tal y como ha podido saber este periódico, varias autonomías, como País Vasco y Canarias, preguntaron en el pleno a la ministra si no tenía nada que decir sobre la huelga médica indefinida a menos de tres días de su comienzo. Canarias ahondó en las incongruencias de Mónica García con la regulación de las guardias, en concreto en sus argumentos de que estas jornadas –obligatorias para médicos y pagadas por debajo de la hora ordinaria– sí computan para la jubilación, cuando la profesión médica ha demostrado que no es así. Aunque el resto de las autonomías se sumaron a la preocupación por los paros de la semana que viene, la respuesta de la ministra fue que presentaran alegaciones.

Por su parte, el consejero de Salud de Murcia Juan José Pedreño criticó que los 172,4 millones de euros que Sanidad destina a financiar la Atención Primaria para todo el territorio nacional son una cifra "absolutamente insuficiente". "La región de Murcia, en el presupuesto de 2025, destinó 563,5 millones de euros, 15 millones más que en el ejercicio anterior, para el primer nivel asistencial", señaló.

Siete huelgas desde 2025

Con el mismo desdén respondió a las críticas de la diputada del Partido Popular Carmen Fúnez, en el Congreso. Funez la acusó de "ser la responsable de la conflictividad sanitaria más alta de España desde hace décadas, por su falta de diálogo, su sectarismo y su incoherencia". Además, le reprochó "su mala gestión al frente del Ministerio", alegando que "desde 2025 lleva encadenadas siete huelgas, además de numerosas manifestaciones y concentraciones, sin olvidar la huelga sanitaria de Ceuta y Melilla, la más larga de la historia".

La ministra, por su parte, se defendió señalando que asumía, "con todo el orgullo" su "responsabilidad" por "defender la sanidad pública", aludiendo al anteproyecto para limitar la colaboración público-privada, y a la reforma del Estatuto Marco.