Las descargas, contra la televisión

Un estudio cuantifica el perjuicio que sufren dos contenidos «premium»: fútbol y series

La «piratería» sigue avanzando sin freno en España y ya hay datos sobre cómo está afectando a otros sectores más allá de la industria cultural tradicional: los dos contenidos televisivos más en auge en los últimos años, es decir, el fútbol y las series, han entrado por la puerta grande en la clasificación de más descargados por primera vez en el estudio elaborado por la Coalición de Creadores. El informe recoge un dato aproximado, obtenido a partir de encuestas, sobre el «pirateo» del fútbol: en España el año pasado se vieron más de 139 millones de partidos de forma ilícita, según sus datos. En cuanto a la fotografía general de la evolución de las descargas en nuestro país, el informe señala que el 58 por ciento de los usuarios de internet lo hacen y que durante el pasado año accedieron así a 4.455 millones de contenidos. Según los cálculos de la asociación, el valor de lo «pirateado» asciende a 23.265 millones de euros, y supone unas pérdidas reales para el sector de 1.700 millones.

La «industria» del balón

Según el estudio, realizado por una consultora, 1,8 millones de hogares españoles acceden a partidos mediante webs de enclaves o descargas, es decir, casi uno de cada cinco hogares, un promedio más reducido que para el resto de contenidos. El perfil del usuario es el de un hombre de entre 18 y 34 años con experto conocimiento de internet. Preguntados por las razones, en el 72 por ciento de los casos se alude al «alto precio» de los sistemas legales; en un 68 por ciento, a que «los futbolistas ya ganan mucho dinero», y en un 46, a que hacerlo así «no perjudica a mi equipo». «El fútbol es uno de los contenidos que más se consumen y por eso exigimos que se nos defienda como producto», declaraba ayer Ignacio Martínez, representante de la Liga de Fútbol Profesional, que se refirió a su deporte como «una industria» que aporta el 0,8 por ciento de PIB español. Según sus datos, la venta conjunta de los derechos de retransmisión de la Liga podría ascender a un precio de 2.500 millones de euros en un escenario sin «piratería», tomando como referencia la reciente subasta de derechos de la Premier League inglesa.

La otra novedad del informe la constituyen las descargas de series, a pesar de que desde hace años se trata de un tipo de emisiones muy codiciadas por los usuarios. Más del 25 por ciento de los internautas las descarga, y en total suman 1.033 millones de capítulos durante 2014, lo que sitúa a este contenido en el segundo más apetecible para los «piratas» en cuanto al volumen de accesos. La música sigue en primer lugar, con 1.831 millones de descargas, y el cine sería el tercer contenido, con 877 millones. Asimismo, se bajaron 355 millones de libros y 240 millones de videojuegos. Para encontrar estos contenidos, el 99,4 por ciento de los internautas recurrió al método más sencillo: el buscador Google.

Las cifras, en todo caso, no han experimentado un cambio de tendencia con respecto a los anteriores informes presentados por esta asociación que representa a los productores de contenidos. Pusieron como ejemplos algunos datos «abrumadores», como los calificaron sus portavoces en rueda de prensa, tales como que el 87,94 por ciento de los contenidos consumidos en la red son ilegales (frente al 84 por ciento del año anterior) y que la mitad de los consumidores justifica la «piratería» con el pago a la conexión. Por estas razones, la directora de la Coalición, Carlota Navarrete, cargó contra las políticas del Ministerio de Cultura. «¿Por qué no se actúa desde la Administración usando las políticas que existen? No lo sé, pero creo que es porque no se toman esto como una prioridad. Políticamente, debe ser difícil de vender o impopular, pero no lo es más que la seguridad vial», dijo Navarrete, que lamentó que el Gobierno, a su juicio, «no actúe con responsabilidad, sino desde el cálculo electoral». «Nos hemos sentido injustamente tratados. No se le puede pedir más a los productores para tratar de atajar un problema que realmente no es de las industrias que lo padecen, sino del Gobierno y las fuerzas políticas, que tienen la obligación de hacer cumplir la ley».