Consumo alerta de la existencia de cláusulas abusivas en el alquiler de coches

El Centro Europeo del Consumidor (CEC) en España, organismo dependiente del Instituto Nacional del Consumo, ha realizado un informe sobre posibles cláusulas abusivas y desleales en los contratos de compañías españolas de alquiler de vehículos y ha detectado cuatro tipos de prácticas susceptibles de vulnerar los intereses económicos de los consumidores. La referente a la política de combustible, en la que el consumidor está obligado a pagar en el momento de recogida del vehículo el importe por el tanque lleno de combustible y devolverlo con el depósito vacío.

Según Consumo, esto produce una falta de reciprocidad por el cobro de servicios no usados de manera efectiva por el consumidor. El final de la reserva on line no siempre es el mismo que se tiene que abonar. A través de la simulación de reservas on line en la web de algunas compañías, el CEC ha comprobado que el precio final ofrecido no se ajusta con el precio real del servicio en los casos de devolución del vehículo en un establecimiento distinto al que tuvo lugar la entrega, y también en el caso de que la devolución del vehículo se hiciera fuera del horario de oficina.

Las compañías omiten en estos dos supuestos incluir el cargo extra, lo que supone una práctica comercial engañosa. Las cláusulas acerca de los pagos por la prestación de servicios tras la devolución, permiten a las compañías, una vez entregado el vehículo, efectuar la revisión de daños menores y de limpieza sin la presencia del consumidor, y realizar un cargo en la tarjeta de crédito en caso de detectar algún desperfecto. De esta forma se otorga al empresario la facultad de aumentar el precio inicialmente estipulado sin que existan razones objetivas para ello.

Finalmente, también existen prácticas perjudiciales según la forma de pago del servicio. En este punto, se ha detectado el carácter abusivo de las cláusulas establecen el pago con tarjetas de crédito, no admitiendo y rechazando las tarjetas de débito y el pago en efectivo. Es decir, que se impone una renuncia o limitación de los derechos del consumidor.