El Congreso aprueba regular la eutanasia sin el apoyo del PP

La proposición de ley contempla el «final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento» de personas con enfermedad grave e incurable o discapacidad crónica que implique gran sufrimiento.

El Congreso de los Diputados dio ayer el primer paso para regular por ley la eutanasia. Todos los grupos , excepto el Partido Popular, apoyaron la iniciativa impulsada por el PSOE. Una vez finalizada su tramitación en la Cámara Baja –que arranca ahora y en la que, por tanto, el texto original se verá expuesto a la incorporación de enmiendas–, ésta podría convertirse en la primera ley aprobada en el mandato de Pedro Sánchez como presidente. En total, 208 diputados mostraron su respaldo a la iniciativa frente a los 133 que se opusieron.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, valoró positivamente el paso dado por el Congreso al iniciar la tramitación de una ley que, a su juicio, «va a dar seguridad jurídica y garantía médica». Montón recordó que «la Sanidad ha trabajado durante muchos años por mejorar la vida de las personas y su bienestar, y ahora va a contribuir hasta el último momento, cuando ya el sufrimiento es inasumible para los pacientes». El proyecto de ley, según la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, es extraordinariamente «garantista» y sitúa a España a la altura de otros países europeos que ya dieron el paso de su regulación como Holanda. Será voluntad del paciente que soporta una enfermedad grave e incurable o una discapacidad crónica que implique gran sufrimiento solicitar o no la práctica de la eutanasia. Desde ese momento, tendrá una respuesta de la administración sanitaria en un plazo máximo de 32 días: en ese lapso se habrán pronunciado sobre su caso concreto dos médicos y una comisión de seguimiento. Para garantizar los derechos de los profesionales sanitarios, la norma incorporará la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia. Lastra, que recordó los casos de Ramón Sampedro e Inmaculada Echevarría, puso en valor que se trate de un «avance legislativo en materia de derechos humanos», que responde a un «debate urgente» de la sociedad y cuyo único fin es fomentar el respeto a la dignidad de la persona: «Es su último derecho y su última libertad».

Las únicas voces contrarias a la iniciativa fueron las de los portavoces de UPN y del PP. El diputado del grupo navarro Carlos Salvador justificó este «no» en que su defensa de la vida le hace ser contrario a la idea de que «hay vidas descartables». La diputada del PP Pilar Cortés reconoció estar ante «un día triste» por las consecuencias y el mensaje que esta ley puede trasladar a la sociedad: «Hablar de eutanasia es hablar de fracaso profesional ante la enfermedad y la muerte. Es reconocer una derrota política, médica, profesional y social ante un enfermo. Es un fracaso que no seamos capaces de ofrecer otra salida que no sea la de morir». Cortés advirtió además de que, a pesar de que inicialmente su aplicación esté prevista para «casos extremos», con el tiempo se corre el «riesgo tremendo» de que su activación se generalice: «La eutanasia irá ganando terreno a los cuidados paliativos», aseguró y puso como ejemplo lo sucedido en Holanda, en donde, según la diputada, algunos informes revelaron que cada año se producen 1.000 muertes por eutanasia sin consentimiento.

La diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere señaló que esta ley es un «magnífico punto de partida» para que se deje de dar la espalda a «la sociedad que sufre». El diputado de Ciudadanos Francisco Igea, por su parte, pidió el apoyo de los demás grupos a su ley sobre cuidados paliativos, que es «una urgencia social», al tiempo que criticó varios puntos de la propuesta socialista, a pesar de que finalmente la formación naranja la apoyó.