El infanticida, a su pareja: «Te voy a dejar en la ruina»

La madre de las niñas asesinadas en Oviedo pidió una orden de alejamiento que le fue denegada

Bárbara, la madre de Amets y Sara, las dos niñas brutalmente asesinadas por su padre en la tarde del jueves en la localidad de San Juan de la Arena (Oviedo), solicitó una orden de alejamiento de su pareja, José Ignacio Bilbao, que le fue denegada. Así lo constató ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias, que informó de las diligencias previas abiertas el 13 de mayo de 2013 por el juzgado de Pravia. Ahora bien, según informa el TSJ, la mujer hizo «constar expresamente» que no «quería que sus hijas cortasen la relación con su padre», motivo por el cual no pidió una orden de alejamiento para las pequeñas.

Por aquel entonces, el juzgado abrió unas diligencias previas tras recibir una denuncia presentada ante la Guardia Civil de Soto del Barco. En el atestado figuraban unas posibles «vejaciones leves» en el ámbito familiar de José Ignacio hacia su pareja, lo que incluía insultos, pero en ningún caso constaban agresiones físicas o partes de lesiones. Como dice el TSJ, se trataba de una «discusión muy subida de tono», algo que Bárbara aseguraba que se había vuelto muy frecuente en los últimos tiempos. Fuentes cercanas al caso aclararon que José Ignacio, que se suicidó el pasado jueves tras cometer el doble crimen, le dijo que era «una mala madre» y amenazó a Bárbara con «dejarla en la ruina económica». También aseguró que le iba a «quitar su casa».

Tras la declaración y la valoración pertinentes, el juzgado acordó el sobreseimiento de dichas diligencias y denegó la orden de alejamiento.

Según fuentes jurídicas, el responsable del juzgado estimó que «no había riesgo objetivo para la víctima». En lo que respecta a las menores, el TSJ subraya que «no consta denuncia alguna» por cualquier reacción violenta hacia las menores.

Ya en junio de 2013, Bárbara presentó ante el Juzgado de Pravia una demanda civil de medidas paterno-filiales, pues la pareja no estaba casada aunque la denunciante certificó que llevaban 10 años de convivencia. La demanda se resolvió aceptándose la petición de Bárbara: José Ignacio podía contar con un régimen de visitas dos días a la semana, martes y jueves, de 18:00 a 20:00 horas.

Quiso que siguieran las visitas

No en vano, fuentes judiciales afirman que Bárbara temía por ella misma, pero nunca pensó que las pequeñas estuvieran en peligro y no quería privarlas de la figura paterna. Además, las niñas jamás se quejaron de tener que compartir ese tiempo con su padre. Por otro lado, al haber acuerdo entre las dos partes en este sentido, nunca se realizaron exámenes psicológicos al padre para saber si la medida era adecuada. Desde el propio juzgado y la Guardia Civil se insistió en revisar este punto, pero la madre prefirió que las visitas se celebraran con normalidad. En lo que no cumplió el infanticida es en lo que respecta al pago de la pensión «durante algunos meses», y que consistía en 75 euros mensuales, lo que motivó la reclamación por parte de los abogados de Bárbara. Un aspecto que se estaba tramitando en la actualidad como «posible ilícito de impago de prestaciones familiares». El homicida cobraba en la actualidad una ayuda superior a los 400 euros, pertenecientes a la Renta Mínima de Inserción (RMI).

Condenado por abandono

Hay que apuntar que el fallecido ya contaba con antecedentes en este sentido. Había sido condenado en Bilbao por un delito de abandono de familia. Y es que no pasaba la pensión a una hija fruto de una relación anterior.

Consuelo Abril, vicepresidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (Compi), considera que se trata de un «caso paradigmático» en lo que respecta a la denegación de órdenes de protección. Sin olvidar las dificultades con las que se enfrentan muchas madres a la hora de solicitar la privación del régimen de visitas. Y es que «esto último ha de pedirse a través del juzgado civil, no del penal. No es tan fácil de obtener y se otorga en muy escasas ocasiones», señala. En este sentido, recordó el caso de Ángela González, la mujer que denunció hasta 30 veces a su maltratador, lo que no impidió que asesinará a su hija de 7 años en 2003 durante una de las visitas. El pasado mes de agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó a nuestro país a indemnizar a Ángela por no prestarle la protección adecuada. «Cada vez se protege menos a la mujer. Y la mejor forma que tienen los maltratadores de dañarla es a través de los hijos». Así, defiende que «los padres violentos no pueden tener régimen de visitas».

Mientras, la localidad de San Juan de la Arena vivía ayer entre la consternación y la incredulidad. Pocos pensaban que algo así podía ocurrir. Incluso aquellos que le trataron en un bar del pueblo el mismo día del doble crimen, mientras le servían un café, aseguraron que no le vieron ni nervioso ni afectado.