El juez acusa a Adif de «regateo de seguridad» por «motivos comerciales»

El juez Aláez, instructor del accidente de tren del pasado 24 de julio en Angrois en el que murieron 78 personas, considera que en Adif, a la hora de diseñar el nuevo servicio de alta velocidad Ourense-Santiago de Compostela en el año 2010, primaron los «fines lucrativos» frente a la seguridad de los pasajeros. La línea, que se iba a construir con un ancho de vía internacional con su correspondiente sistema de seguridad, el ERTMS y el ASFA como refuerzo, se cambió por la de ancho convencional. Así, aunque fuese inaugurada como «línea de alta velocidad», no lo era y, por tanto, no era obligatorio instalar el sistema ERTMS que frena automáticamente a los trenes si exceden la velocidad permitida. El juez declara que «la única utilidad que obtuvo la sociedad con aquella decisión ha sido el ahorro de unos minutos de viaje entre Ourense y Santiago, como contrapartida a un aumento del riesgo para la vida de los cientos o miles de personas que utilizan la línea cada día», «un beneficio menor que no justificaría aquel incremento del riesgo» y califica el comportamiento como «sospechoso de criminalidad». Si Adif acordó las modificaciones, «no se duda que ello fuese debido a que previamente los órganos técnicos y directivos de dicha entidad [...] no se opusieron», señala. Añade que no se puede imputar de forma «exclusiva y excluyente al maquinista», que de momento es el único imputado.

Aláez cita a declarar el 7 de marzo como testigos al jefe de Maquinistas que en 2011 remitió un informe alertando de la peligrosidad de la línea y a los dos cargos que recibieron esta información, solicita a los peritos que adelanten un dictamen sobre cuestiones relativas a la la vía y da a Renfe diez días para presentar los partes de incidencia por los que se desconectó el sistema ERTMS y las pólizas de contratos con las aseguradoras.