Espaldarazo del Senado a la educación por sexos

Los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas y se les ha denegado el concierto por parte de la administración educativa de su comunidad autónoma podrán solicitarlo de nuevo a los dos meses de entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Es decir, si la ley se aprueba antes de que acabe el año, en el mes de febrero próximo estarán en disposición de tramitar la solicitud y así podrán ofrecer una educación obligatoria gratuita en el curso 2014-2015.

La medida queda recogida en una enmienda de UPN (la 226 a una disposición transitoria) que ha aceptado el Grupo Popular y que se aprobará previsiblemente el próximo 20 de noviembre en la Cámara Alta, en lo que supone un espaldarazo a la educación diferenciada en España (en la que se educan el 0,7 por ciento de los alumnos españoles) y a la libertad de elección de centro de los padres.

La Lomce ya reconoce la educación por sexos como un modelo educativo más y prevé la posibilidad de concertar estos centros cuando acrediten que no hay discriminación en el tipo de formación que ofrecen. Que ahora en el Senado se quiera establecer un plazo de dos meses para que estos centros puedan tramitar las subvenciones es una forma de resarcir el ataque que han sufrido este tipo de colegios en comunidades autónomas como Andalucía o Asturias, que siempre han tachado este tipo de educación de «discriminatoria». Andalucía ha quitado las ayudas este curso académico a 12 centros de estas características y Asturias lo ha intentado también en varios colegios. En esta comunidad se mantienen a la espera de que se resuelvan los recursos judiciales pendientes.

Postura «radical»

El senador popular Luis Peral cree que es «incongruente» la postura «radical» que ahora mantiene el PSOE en las comunidades autónomas en las que gobierna teniendo en cuenta que «en la época de Felipe González se concertaron 30 colegios de los 120 que existen en toda España (12 en Andalucía, 3 en Aragón, 8 en Castilla-La Mancha, 2 en Extremadura y 5 en Madrid). Con su rechazo a la diferenciada «el PSOE parece que intenta incluso competir con IU por la línea que mantiene», añadió el senador.

La enmienda que se quiere introducir en el Senado ha sido muy bien acogida por los centros diferenciados. Fomento de Centros de Enseñanza, que cuenta con 35 colegios con más de 23.000 alumnos y 2.500 profesionales contratados en once comunidades autónomas, considera que «es una buena noticia para la libertad de enseñanza, para las miles de familias que han elegido este modelo educativo para sus hijos, y para los profesionales que trabajan en estos colegios».

Fomento mantiene que la educación diferenciada ha estado siempre presente en España en toda su etapa democrática. Desde que en 1985 la LODE instauró el sistema de conciertos, muchos centros de educación diferenciada accedieron a ese régimen de financiación. Se trata del derecho de las familias a elegir un modelo educativo legítimo, y de que esa elección sea en términos de igualdad para todos». Fomento recuerda que el Consejo Escolar del Estado en su «Informe 2012 sobre el estado del sistema educativo», ya instó a las administraciones a «asegurar la existencia de opciones diversas para que las familias puedan elegir el modelo pedagógico que consideren más adecuado para la educación de sus hijos, incluyendo el de la educación diferenciada».

«Blindaje»

Andalucía, sin embargo, no está dispuesta a aplicar la Lomce. El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha insistido en que su departamento no va a concertar a los centros docentes que segreguen por sexos porque «rompe el principio de igualdad», y ha insistido en apostar por un modelo basado en la coeducación que garantiza el acceso a la enseñanza en igualdad de oportunidades. Alonso ha rechazado pagar con dinero público la educación diferenciada y ha vuelto a insistir en que Andalucía recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) por vulnerar el principio de igualdad recogido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía. A juicio del político andaluz, con esta medida, lo que pretende el gobierno del PP es «blindar» a este tipo de centros que «discrimina al alumnado».

El presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Antonio Rodríguez Campra, pidió ayer expresamente que se repare el daño causado a los alumnos que tuvieron que dejar de estudiar en un centro diferenciado después de que la Junta de Andalucía les denegara el concierto.

«Lo ocurrido en comunidades autónomas como la andaluza es un ataque a la libertad de enseñanza que se tiene que compensar de alguna manera a los padres y alumnos». Precisamente los doce centros a los que se retiró el concierto pertenecen a la CECE.

En total, el PP aceptará en el Senado 41 enmiendas (25 del PP, 1 de IU, 2 de UPN, 7 de Entesa, 1 del PNV y 5 del PSOE). Varias de ellas están relacionadas con los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. En el acceso a la universidad habrá una adaptación especial para los alumnos con discapacidad.

Especial atención recibirán los alumnos mientras cursan la Educación Primaria. El PP asumirá enmiendas de Entesa y el PSOE que proponen que se presente atención personalizada a los alumnos y que las evaluaciones se adapten a las necesidades educativas.

En la Ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa también quedará recogido que la evaluación, además de continua, sea «formativa e integradora y sirva para poner en marcha medidas de apoyo y recuperación para los alumnos.

Sin sexismos en la ley de educación

Nada de lenguaje sexista en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha aceptado una enmienda de Entesa catalana de Progrés (la 391) en la que se compromete a utilizar en la norma un lenguaje no sexista. Así, en el texto legal se tendrá que cambiar parte de la terminología de manera que ya no se hablará de «los profesores», sino de «el profesorado»; tampoco de «los alumnos», sino de «el alumnado». Detalles como éste ya eran una norma en el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero. De hecho, recuerdan al extinto Ministerio de Igualdad, al frente del cual se encontraba Bibiana Aído, y a sus famosas «miembras». Uno de sus cometidos era precisamente éste: revisar la normativa que iba generando el Ejecutivo socialista de entonces para cambiar toda terminología que pudiera resultar sexista o discriminatoria para la mujer. Ahora en una ley orgánica como la Lomce se vuelve a poner especial cuidado en este tipo de cuestiones.