El Informe CYD 2025 analiza en un informe hecho público esta mañana cuál es la situación de la financiación de la universidad pública, poniendo de manifiesto que el gasto público por estudiante universitario es inferior respecto al contexto internacional y que persisten desajustes regionales en la financiación, así como desigualdades en las tasas que pagan los alumnos en función de la CC.AA en la que estudian: España continúa situándose por debajo de la media de la UE y de la OCDE en financiación universitaria, tanto en términos absolutos como relativos. En 2022, el gasto total por estudiante universitario en España fue de 18.369 dólares, un 19,5% por debajo del promedio de la OCDE y un 14,5% por debajo de la media de la Unión Europea.

En España, el 65,9% del gasto total dedicado a universidades procede del sector público, una proporción inferior a la de la OCDE (68%) y a la de la UE (75,8%). La contrapartida de esta menor aportación pública es un mayor esfuerzo privado, que procede principalmente de las familias y estudiantes, que aportan el 31,8% del gasto total (frente al 19,5% en la UE y el 28,6% en la OCDE).

En los últimos años, en España se observa un aumento del gasto público en universidades: en 2022 supuso un 0,75% en proporción al PIB, una mejora respecto al 0,69% de 2015. Sin embargo, los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales españolas tienen en 2023 unos niveles en valor absoluto, en términos reales y una vez descontada la inflación, un 10% inferiores respecto a 2009, antes del inicio de la crisis de la deuda soberana.

En cuanto a la estructura de gastos de 2023, la partida de personal absorbe la mayor parte de los recursos, seguida por las inversiones reales en infraestructuras y equipamientos y los gastos corrientes en bienes y servicios.

Entre 2015 y 2023, en términos nominales, los gastos de personal aumentaron un 31,3%, los gastos en bienes y servicios un 22,7% y las inversiones reales un 56,3%.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) marca como objetivo alcanzar un gasto público en universidades del 1% del PIB en 2030, un compromiso que pasa por modernizar el modelo de financiación universitaria y una mayor estabilidad y rendición de cuentas, según apunta Montse Álvarez, autora del Informe CYD 2025:

“El cumplimiento de dedicar el 1% del PIB a la financiación pública universitaria en 2030 exige planificación, consenso y mecanismos efectivos de seguimiento. La comisión de trabajo creada en 2024 que reúne al Ministerio, las comunidades autónomas, la CRUE, los consejos sociales, sindicatos y estudiantes, constituye una oportunidad para definir un calendario realista y una hoja de ruta vinculante”.

Más del 80% del total de las transferencias recibidas por el conjunto de las universidades públicas presenciales españolas provienen de sus administraciones autonómicas.

En Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, el total de las transferencias corrientes y de capital superan los 10.000 euros por estudiante. En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid registra el valor más bajo de España, con 6.975 euros por alumno, seguida a distancia por Extremadura, Andalucía y Cataluña.

Para comparar de forma más homogénea entre regiones, es necesario considerar el nivel económico de cada territorio. Considerando el PIB per cápita regional, la menor ratio se dio en Madrid (16,3%), seguida a distancia por Cataluña (23,5%) y Baleares (26,7%), lo que refleja un menor esfuerzo financiero público relativo en estas comunidades. En el extremo opuesto, las CC. AA que mayor esfuerzo realizan teniendo en cuenta su PIB per cápita son Cantabria (41,2%), Comunidad Valenciana (38,1%) y Andalucía (36%).

Alrededor de tres cuartas partes de los ingresos incluidos en el capítulo de tasas y precios públicos provienen de las aportaciones del alumnado y sus familias, a través de los precios públicos. Se observan diferencias notables por regiones: en Galicia, con precios públicos reducidos, la recaudación por alumno se sitúa en 1.061 euros, mientras que en Madrid, con niveles más elevados, es de 2.052 euros. Tras Galicia, las CC. AA con menor recaudación por alumno son Baleares, Asturias y País Vasco. En el extremo opuesto, las regiones con mayor recaudación por alumno, después de la Comunidad de Madrid, son Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana.

En términos relativos al PIB per cápita, el esfuerzo de las familias supera el 6% en algunas comunidades (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria) frente a menos del 4% en otras (País Vasco, Baleares y Galicia)

El Informe CYD constata que el sistema continúa caracterizándose por una alta dependencia de las comunidades autónomas, lo que dificulta una respuesta coordinada y estable frente a los retos de sostenibilidad y equidad territorial. Y señala la necesidad de reforzar la inversión pública y modernizar el modelo de financiación universitaria, combinando suficiencia, estabilidad y rendición de cuentas, tal y como apunta Montse Álvarez:

“El esfuerzo en inversión debe acompañarse de un nuevo modelo de financiación más estable, diversificado y orientado a resultados, que combine una mayor inversión pública con una colaboración estratégica del sector privado. Parte de los recursos debería vincularse a objetivos verificables –en investigación, transferencia de conocimiento o inserción laboral de los egresados– reforzando al mismo tiempo la gobernanza y la transparencia en la gestión de los fondos”

Tal y como concluye el apartado 1.4 del Informe CYD 2025, dedicado a la financiación, solo mediante un marco de financiación suficiente, equitativo y eficiente podrá consolidarse una universidad pública de calidad, competitiva e inclusiva, capaz de formar talento, generar conocimiento y actuar como motor de innovación, cohesión social y desarrollo económico sostenible.

La Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo), constituida en diciembre de 2002 con una visión universitaria y empresarial, tiene como principal objetivo analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de España, así como ampliar los vínculos entre universidad y empresa y la sociedad en general.

Además, la Fundación CYD publica anualmente el Informe CYD sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo, genera cada año el Ranking CYD (el mayor ranking de universidades españolas) e impulsa el Programa Mentores CYD para que futuros graduados puedan mejorar sus competencias junto a profesionales de alto prestigio.