La Policía Nacional desarticula un grupo dedicado a la distribución ilegal de videojuegos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo dedicado a la distribución ilegal de videojuegos a través de Internet. A través de dos páginas web ponían a disposición de los usuarios discos duros que contenían entre 280 y 900 videojuegos diferentes sin autorización de los titulares de sus derechos.

En la operación han resultado detenidas tres personas y se han intervenido, entre otros efectos, cuatro discos duros, cinco videoconsolas, cuatro ordenadores, y dos carteles publicitarios sobre los dos portales y su actividad en la red.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por los representantes de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) por la existencia de dos páginas web que ponían a disposición de los usuarios de Internet importantes cantidades de videojuegos sin el permiso de los titulares los derechos de los mismos.

Tras varias pesquisas los agentes pudieron comprobar que en estos dos sitios web se ponía a disposición de los internautas una relación de discos duros que contenían entre 280 y 900 videojuegos cada uno, compatibles con dos conocidos modelos de consolas. De este modo, tras publicitar su actividad a través de anuncios en conocidas webs, se facilitaba el acceso no autorizado a estas obras y obtenían con ello un cuantioso beneficio económico puesto que el precio de cada disco duro oscilaba entre los 80 y los 160 euros. Los responsables de las páginas ofrecían la posibilidad de efectuar el pago a través de PayPal, la transferencia bancaria o el giro postal.

Además de la distribución ilegal de estos videojuegos, los responsables de las web ofrecían servicios técnicos de reparación de videoconsolas y de manipulación técnica de las mismas, para poder hacer uso de videojuegos no originales.

Con el transcurso de la investigación han resultado detenidas tres personas, el administrador de las dos páginas web, el titular de una de las cuentas bancarias donde se abonaban los pedidos y, finalmente, el remitente de los pedidos efectuados en las web. Asimismo, los agentes pudieron averiguar que habrían obtenido unos beneficios de casi 19.000 euros en un año con estas ventas ilegales.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo Antipiratería de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial.