Los jóvenes, los que más apoyan la prisión permanente revisable

Los españoles entre 18 y 29 años de edad son, con un 73,4 por ciento, los que más se oponen a que esta ley del Código Penal sea derogada por la Oposición.

Juan Carlos Quer (i), padre de Diana, y Juan José Cortés (d), padre de Mari Luz. EFE/ Lavandeira jr
Juan Carlos Quer (i), padre de Diana, y Juan José Cortés (d), padre de Mari Luz. EFE/ Lavandeira jr

Los españoles entre 18 y 29 años de edad son, con un 73,4 por ciento, los que más se oponen a que esta ley del Código Penal sea derogada por la Oposición.

Según los datos que arroja la encuesta de NC Report para LA RAZÓN del pasado mes de enero, no hay duda de que la ciudadanía española se pronuncia de forma muy favorable a la permanencia de la prisión permanente revisable. Y es llamativo que sean los más jóvenes, electorado que los partidos de izquierdas creen tener más ganado en detrimento de los grupos políticos de derechas, los que en mayor porcentaje están a favor de esta medida: en concreto, el 75,5 por ciento entre 18 y 29 años de edad. El 72,0 por ciento del total de la población española encuestada se manifiesta a favor de castigar cualquier crimen con la prisión permanente revisable.

Los españoles son más partidarios de la cadena perpetua que de la prisión permanente revisable, el 549 por ciento así se manifestaba en la encuesta. Y también los más jóvenes destacaban sobre el conjunto de los demás por ser los más favorables a convertir en perpetua esta condena; hasta el 56,8% de los menores de 30 años.

Los promotores de la derogación se encuentran cada vez más alejados del sentir ciudadano. Se da la situación de que un 57,6 por ciento de españoles que quiere extender la prisión permanente revisable a los crímenes de violencia de género. Hay poca diferencia entre los distintos segmentos de edad, aunque entre los mayores de 64 años hay un porcentaje ligeramente más elevado que en el resto de franjas de edad.

Los ciudadanos que quieren aplicar la prisión permanente revisable al conjunto de los violadores en España, con o sin asesinato, representan el 70,8 por ciento del censo electoral español, registrándose el mayor porcentaje entre el sector más joven, en donde se alcanza el 73,4 por ciento.

Siempre según los resultados adquiridos por NC REPORT para este periódico, parece que los españoles del siglo XXI ya no están a favor de que se manifiesten teorías «progresistas» del XIX y del XX que justificaban el delito. La sociedad española, con un 68,4 por ciento frente a un 16,6 por ciento, está hoy en día convencida de que la institución penitenciaria no reinserta a los condenados. Los que menos creen en la recuperación social de los delincuentes son los menores de 30 años. Y tan solo el 15,8 por ciento sigue convencido de que es posible la reinserción en la sociedad de los criminales.

Por este motivo no es extraño encontrarnos que el 52,2 por ciento de los ciudadanos españoles consideren el actual Código Penal como blando. Entre los menores de 45 años de edad el porcentaje está alrededor del 50%, y alcanza el entorno del 54% entre los mayores de 44 años. Los seguidores de las filosofías indulgentes decimonónicas significan tan solo el 19,7% de la ciudadanía, que consideran «duro» nuestro Código Penal.

El sondeo finalizó planteando si en Congreso de los Diputados debería derogar la prisión permanente revisable. La respuesta fue contundente; el 69.7 por ciento de los españoles se mostró contrario a esta medida. Tan solo el 20.2 por ciento la aplaude. La mayor resistencia a su derogación se encuentra entre los jóvenes españoles de 18 a 29 años; el 73.4% de opone a terminar con esta pena. Es lógico, ya que los jóvenes españoles son los ciudadanos más concienciados con la falta de seguridad ciudadana.

La campaña de recogida de firmas para el mantenimiento de la prisión permanente revisable ya alcanza los dos millones de firmas. Su objetivo es alcanzar en la primavera los seis millones de adhesiones, y a tenor de estos resultados, los partidos que solicitan su derogación no andan bien encaminados si se tiene en consideración el sentir general de la población del país. El PSOE es el partido del frente pro derogación que más afectado puede resultar de su poastura mantenida hasta la fecha. Su base electoral es partidaria de la prisión permanente revisable, incluso de la cadena perpetua para los crímenes más execrables.

Su asociación con Podemos y PNV para terminar con esta conquista en la Justicia no tiene explicación. Todos sabemos que la prisión permanente revisable está en su estadio más temprano de desarrollo en España, que de momento solamente afecta a los criminales que atentan contra la vida de niños, jóvenes y personas desvalidas. Pero que le espera un prometedor recorrido cuando se amplíe a terrorismo, secuestro, y otros delitos contra el Estado, como la rebelión o la secesión.

Los principales países del mundo se arman para defenderse de los depredadores sociales que atentan contra víctimas indefensas.

La cadena perpetua, revisable o no, es una realidad en las naciones más importantes del planeta. Y entre los países más importantes solamente España era la excepción. Afortunadamente, se adoptó parcialmente en 2015. No hay que olvidar el acoso que sufrió el Gobierno de turno por adoptar tal «abominable» medida. Y más en el país de Europa históricamente más castigado por el terrorismo (ETA, GRAPO, islamistas, etc...). En 2015 éramos, entre las doce principales economías mundiales y entre las cinco más grandes de Europa, la única nación que no contaba con esta figura penal.

El terrorismo se condena en España hasta con cuarenta años de prisión. Medida tomada mucho antes de 2015. No deja de ser una cadena perpetua en la práctica. Pero ,sin embargo, acabar con la vida de adolescentes como Marta del Castillo o Diana Quer no merece una pena tan elevada. A tenor de las respuestas de los encuestados para LA RAZÓN, cada día, cada hora que el PSOE siga al lado de Podemos en esta cruzada «progresista» contra la prisión permanente revisable se debilitará más y perderá la posibilidad de convertirse en la alternativa democrática al Partido Popular en las elecciones generales de 2020. La parte del PSOE que pide la derogación parece basar sus movimientos en la «cualificación» de la base electoral de su rival de izquierdas Podemos, de su «elevado» nivel cultural/intelectual y de su «progresía».