Policías contra los malos tratos en cada comisaría

Hasta principios de abril de 2006. Ésta es la fecha a la que tendríamos que remontarnos para encontrar un arranque de año tan trágico como éste. Sólo en los tres primeros meses de año han fallecido 21 mujeres a manos de sus parejas.

Hasta principios de abril de 2006. Ésta es la fecha a la que tendríamos que remontarnos para encontrar un arranque de año tan trágico como éste. Sólo en los tres primeros meses de año han fallecido 21 mujeres a manos de sus parejas. Hace ocho años la cifra ascendía hasta 23 y en el conjunto del año murieron 69 mujeres. Así, los expertos alertan de que «el repunte que se está produciendo lo llevamos avisando desde hace dos años. Es una olla a presión porque las mujeres durante la crisis han ido posponiendo la separación hasta que han visto que no podían más», sostiene Felicidad Muñoz, psicóloga con 15 años de experiencia en violencia de género. Trabaja en las áreas de Igualdad de dos ayuntamientos del País Vasco. Las crisis de pareja suelen ser el desencadenante, porque «se va gestando una situación hasta que explota y aunque durante los dos años anteriores, el número de víctimas se ha reducido, ahora no va a hacer más que incrementar y tenemos que preocuparnos especialmente por los adolescentes y la tercera edad que son más vulnerables». Otro dato muy preocupante es la reducción del número de denuncias, un dato que, al contrario que el anterior, ha variado negativamente durante la última década. Si en 2006 el número mantenía su crecimiento, desde hace dos años las denuncias no han dejado de bajar, así como las renuncias –no seguir adelante con la demanda– aumentan.

Aunque desde el Ministerio de Sanidad la preocupación por estas muertes siempre ha existido, el repunte de violencia que se ha producido este año ha propiciado un encuentro interministerial de la cartera de Ana Mato con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para abordar los motivos que están generando este incremento y, sobre todo, plantear soluciones y medidas para evitar que la fiebre de la estadística siga aumentando. Así, uno de los acuerdos más importantes es el de revisar la valoración del riesgo de las víctimas que sufren violencia de género porque, como reconocen los expertos, «muchas de las asesinadas habían sido infravaloradas porque se consideraba que el riesgo era leve y es que identificar la violencia psicológica es muy difícil y no siempre contamos con el apoyo de los jueces», afirma Muñoz. «Las valoraciones de las maltratadas están, en la mayoría de los casos, muy por debajo del riesgo real que sufre la mujer y es que éste no aparece sólo cuando la mujer decide dejar la relación o es consciente de la situación de violencia que padece, sino que pasados los años, aunque la pareja se haya separado, puede volver a brotar, sobre todo si ella comienza una nueva relación», apunta. En este sentido es importante la medida que plantean los tres ministerios por la que, según fuentes de Sanidad, «se establecerá un grupo de trabajo para mejorar la situación actual e incluir planes personalizados para la protección de víctimas». Hoy, unos 46.000 casos de todos los valorados no revisten riesgo a tenor de los protocolos establecidos, por eso se va a cambiar el sistema para mejorar el grado de cobertura que reciben las mujeres maltratadas que se encuentran dentro de este grupo de «riesgo no apreciado». De acuerdo con el programa vigente, cada cuatro meses las unidades reciben una alerta y el acuerdo alcanzado entre los ministros busca reducir a tres meses el aviso para intentar proteger a la posible víctima. Pero no es sólo avisar de la situación de indefensión, sino que para mejorar la valoración, la Policía modificará el cuestionario para proteger a las mujeres más vulnerables. Como aseguran desde Interior, «vamos a incluir datos sobre la situación laboral de la mujer y de su agresor, si ella sufre alguna discapacidad, si es menor de edad o si tiene menores a su cargo». Así, también se tendrán en cuenta los factores de peligrosidad del maltratador y para todo ello «se garantizará la presencia de efectivos con formación especializada en todas las comisarías de Policía Nacional y puestos de la Guardia Civil». Y es que este test no hace más que ayudar a valorar el peligro, aunque como alerta otra experta, «las valoraciones se están minusvalorando. No se están teniendo en cuenta los elementos de riesgo de la propia víctima porque estos cuestionarios los hacen personas no especializadas que no detectan variables clave», apunta Rocío Gómez, psicóloga forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. En su consulta evalúa el riesgo de los agresores y determina si debe o no dejar la cárcel. Como explica Gómez las variables psicológicas de los hombres son, la mayoría de veces, difíciles de determinar: «Hay que definir si es un hombre impulsivo sin control, si se responsabiliza de los delitos que comete, qué nivel de autoestima tiene, porque cuanto más bajo sea, más peligroso es. Además, si un maltratador asegura que antes de matarla se suicida, no debemos creerle porque eso significa que la vida para él ha perdido valor y por eso no dudará en matar a su pareja». Para mejorar la evaluación de cada caso, otra de las iniciativas del acuerdo es promover la integración de equipos psicosociales en los institutos de Medicina Forense y garantizar la formación de sus equipos. De este modo se refuerza la figura del psicólogo forense, pieza clave para evaluar el riesgo.

En el caso de que la Justicia decida dejar en libertad a su agresor, la víctima estará informada en todo momento sobre su situación penitenciaria, además, como ya avanzó este diario, en el nuevo Código Penal se recoge la figura de la libertad vigilada para tener controlados a los maltratadores que ya hayan cumplido su pena, por si reinciden. Otra medida que afecta directamente a los juzgados de Violencia de Género es que, como han acordado en la reunión, además de instruir delitos de homicidio, lesiones o contra la integridad sexual y la integridad moral, «también conocerán las causas contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y contra el honor de la mujer, siempre que las víctimas sean pareja o ex pareja del presunto agresor».