Casi cinco años de polémica

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña entró en vigor el 1 de enero de 2012, convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma en suprimir la lidia, tras Canarias.

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña entró en vigor el 1 de enero de 2012, convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma en suprimir la lidia, tras Canarias, donde estos festejos quedaron suspendidos en 1991 al aprobarse la Ley de Protección de los Animales.

El Tribunal Constitucional ha anulado hoy la prohibición en Cataluña, al entender que invade competencias estatales, al estar consideradas las corridas de toros patrimonio cultural en toda España.

En Cataluña, la prohibición se inició con la aprobación el 28 de julio de 2010 por el Parlament de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que en 2008 impulsó la plataforma PROU (¡Basta!, en catalán). La citada ILP fue admitida a trámite una vez consiguió el respaldo de 180.000 firmas, tres veces más de las requeridas.

El Parlament aprobó la iniciativa con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.

La iniciativa contó con el respaldo mayoritario de CiU, ERC y de ICV-EUiA, frente al voto en contra del PPC y Ciudadanos, así como de la mayoría de los miembros del PSC, partido que dio libertad de voto a sus diputados.

La prohibición de la lidia no afectó a espectáculos como los "correbous", festejos taurinos muy arraigados en algunas partes de Cataluña en los que no muere el animal y que se protegieron con la proposición de ley que aprobó el Parlament el 22 de septiembre de 2010.

Años antes, ya el 6 de abril de 2004, Barcelona se había convertido en el primer municipio de España en proclamarse ciudad antitaurina, a raíz de una declaración institucional que aprobó el ayuntamiento, en votación secreta, con 21 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.

La Monumental de Barcelona acogió la última corrida de toros antes de la entrada en vigor de la prohibición, el 25 de septiembre de 2011.

Las iniciativas en Cataluña contra las corridas de toros motivaron un efecto contrario en otras comunidades autónomas que, gobernadas por el PP, como Madrid, Valencia y Murcia, iniciaron en marzo de 2010 los trámites para declarar la fiesta de los toros Bien de Interés Cultural (BIC).

El Partido Popular lideró la ofensiva contra la prohibición de los toros en Cataluña en todos los ámbitos.

El 29 de julio de ese mismo año registraba en el Congreso una proposición de ley para instar al Gobierno a garantizar la fiesta de los toros dentro y fuera de España.

El grupo parlamentario del PP en el Senado fue el encargado de presentar, el 28 de octubre de 2010, el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana, que finalmente ha resuelto hoy el Tribunal Constitucional.

En el ámbito municipal, las ciudades de Valladolid y Palencia se pronunciaban a favor de la lidia, mientras el municipio de Toro, en Zamora, era el primero en declarar los toros Patrimonio Cultural, en enero de 2011.

A lo anterior, se sumó la ILP que el 22 de marzo de 2012 presentó en el Congreso la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña para declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural (BIC), avalada por 590.000 firmas.

La citada ILP llegó a las Cortes en 2013 y tras superar los trámites en Congreso y Senado, se aprobó la Ley para la Regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural que, tras su publicación en el BOE, entró en vigor el 12 de noviembre de 2013.

Desde 2011 la tauromaquia es Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial en Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia y desde 2014 en Castilla y León.

No obstante, en esa última comunidad, el 19 de mayo de 2016 la Junta, gobernada por el Partido Popular (PP), aprobó un decreto ley, convalidado por las cortes autonómicas el 8 de junio siguiente, que prohíbe la muerte de reses de lidia en presencia de público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales, como es el caso del Toro de la Vega.

Pese a que los toros están prohibidos en Canarias desde 1991, en esa comunidad nunca ha habido polémica al respecto, ya que llevaban años sin celebrarse corridas en las islas y no se trataba de una tradición arraigada.

Efe