Boyacá afirma que los transportistas buscan «imponer» contratos privilegiados

La empresa distribuidora Boyacá ha afirmado en un comunicado que los repartidores de prensa de la compañía, en huelga desde el pasado viernes, tienen como objetivo "coaccionar"a la corporación para imponer "la firma de nuevos contratos en condiciones privilegiadas".

La empresa distribuidora Boyacá ha afirmado en un comunicado que los repartidores de prensa de la compañía, en huelga desde el pasado viernes, tienen como objetivo "coaccionar"a la corporación para imponer "la firma de nuevos contratos en condiciones privilegiadas".

Los transportistas de Boyacá denuncian que después de un año de negociación por sus condiciones laborales la empresa les quiere imponer unas "condiciones precarias"y la salida de 130 de los 240 trabajadores actuales, según ha comunicado la Asociación de Medios de Información (AMI). La distribuidora, por su parte, ha denunciado que el viernes "de manera sorpresiva los repartidores dejaron de prestar el servicio de reparto a los puntos de venta, reteniendo la mercancía que se les había entregado e impidiendo de manera violenta y con amenazas que con otros medios se llevase a cabo el reparto".

Así, tras negarse a repartir, "tomaron por la fuerza las instalaciones de la empresa impidiendo el funcionamiento ordinario de la misma, reteniendo primero y destrozando después toda la prensa y revistas que habían sido puestas a su disposición a primera hora". La empresa ha asegurado que debido al incidente sus instalaciones "quedaron durante toda la jornada bloqueada, rodeadas por más de 140 furgonetas y tomadas por más de 200 transportistas y algunos familiares de estos".

Una vez reanudado el reparto de prensa por "medios alternativos"la madrugada del sábado 21, se produjeron "persecuciones de vehículos, amenazas, agresiones, bloqueos, golpes y otros actos para impedir el reparto de la prensa", según la empresa distribuidora. Posteriormente, cuando estos medios alternativos llegaron a los quioscos y demás puntos de venta, "los transportistas amenazaron a diversos quiosqueros e hicieron uso de la fuerza para sustraer la prensa y revistas y destruirla"delante de los puntos de venta, así como para que no realizasen la venta de los periódicos. Este conflicto se saldó con tres transportistas detenidos por agresiones y amenazas.

En la madrugada del domingo -22 de julio- se produjeron nuevamente "hechos violentos en los que los transportistas han impedido de nuevo ejercer su trabajo a las personas que intentaban el reparto, parando las furgonetas, sustrayéndose la carga con amenazas y destruyendo la misma". Unos actos que se han repetido el pasado lunes y martes -23 y 24 de julio- y que, junto a los del fin de semana, son el motivo por el cual Boyacá ha denunciado ante los juzgados y además la policía también ha abierto una investigación "e identificando a los participantes en los mismos".

"También ha solicitado auxilio judicial para poder realizar el servicio de reparto con escolta policial. Las actuaciones de los transportistas antes relatadas no se encuentran amparadas bajo el paraguas de ninguna huelga 'legal' ya que se trata de trabajadores autónomos y no de trabajadores por cuenta ajena, únicos a los que les ampara dicho derecho", ha señalado la empresa.

En el comunicado, Boyacá ha insistido en que "pondrá todos los medios que estén a su alcance para garantizar el derecho de los lectores a disponer de la información diaria"y para ello adoptará "las medidas necesarias". También ha tachado estos actos de "chantaje"e "inadmisibles"en un Estado de derecho e inaceptables para la empresa.

Boyacá también ha explicado que los contratos de los repartidores "contemplan un servicio de reparto de prensa de 15 días al mes, con una duración máxima de 4 horas por servicio y entrega en aproximadamente 20 puntos"y su retribución aproximada es de "4.500 euros mensuales por dichos 15 días de servicio en rutas de Madrid Capital".

Los transportistas cotizan en régimen de autónomos, tributan en módulos y los contratos vigentes fueron "firmados en agosto de 2011, y renegociado en 2014, tienen vencimiento a 30 de agosto de 2018 y contemplan 90.000 euros de retribución por resolución anticipada", al considerar que son "privilegiados y fuera de mercado"según ha informado la empresa en su página web.