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La equiparación viajará al Parlamento Europeo

La eurodiputada Beatriz Becerra llevará a la comisión de peticiones de la UE esta discriminación

  • Beatriz Becerra se reunió el pasado viernes con asociaciones y sindicatos
    Beatriz Becerra se reunió el pasado viernes con asociaciones y sindicatos

Tiempo de lectura 4 min.

02 de noviembre de 2017. 04:27h

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Rocío Esteban 2/11/2017

La búsqueda de una solución justa y eficaz en relación a los problemas que sufren los policías nacionales y la guardia civil en España llegará al Parlamento Europeo. La vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (ALDE), Beatriz Becerra, recibió el viernes pasado a asociaciones de guardias civiles y sindicatos de policías con el objetivo de escuchar a los que reclaman la equiparación salarial con las policías autonómicas.

En la sede del Parlamento Europeo en Madrid, la también eurodiputada quiso apoyar la reivindicación que llevan haciendo agentes nacionales y de la Benemérita con el objetivo de que cese la discriminación que estos efectivos sufren respecto al resto de policías autonómicas. Además, también recibió una moción a favor de la equiparación salarial por parte de la asociación Jusapol, que entregaron en los ayuntamientos de 46 provincias de toda España con el fin de que se eleve al pleno y que la reclamación llegue al Gobierno. Un escrito que Beatriz Becerra quiere llevar a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para denunciar el hecho de que estos dos cuerpos nacionales sean los peor pagados de toda Europa.

Según explicó la eurodiputada a LA RAZÓN, para ella es esencial que cese «la discriminación entre policía nacional y guardia civil con el resto de policías autonómicas». En su opinión, «ningún gobierno ha acometido lo que hay que hacer», que a su juicio es «como mínimo la igualdad de salarios», por lo que desde su posición política tratará de erradicar en la medida de lo posible la injusticia salarial Así, en la reunión Beatriz Becerra transmitió a los sindicatos que lo fundamental era encontrar una vía para dar cabida a sus reclamaciones en el Parlamento Europeo. Para ello cuenta con dos vías de acción políticas: la estrategia a nivel europeo en cuanto a la seguridad y defensa común y asesorar a los sindicatos para que logren el acceso a la comisión de peticiones europeas, que es la que podría valorar si esta discriminación vulnera la carta de derechos humanos.

Según explicó también a los sindicatos, es importante tener «adecuadamente remunerados, equipados y disponibles» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque «desarrollan una tarea fundamental a nivel europeo», puesto que se ven implicados también en la defensa común de Europa, y este eje –si se rompe– contribuiría al «deterioro» del avance de la Unión. Beatriz Becerra pone el ejemplo de cuando se monta un operativo europeo, una acción conjunta, puesto que hay «determinados ámbitos en los que ya de entrada los efectivo nacionales están discriminados» debido a las dietas que estos perciben, que son inferiores a las del resto de policías europeas.

El siguiente punto de partida que maneja la eurodiputada es el de abordar esta situación a través de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, que es el que recibe las peticiones de los ciudadanos europeos que quieren tramitar una violación del derecho europeo. Según argumenta Becerra, este caso «es una cuestión clara de discriminación», por lo que «debe y puede» ser susceptible de ser analizada en su posición de ser contraria a la carta de derechos humanos. Si se lleva a cabo esta petición, implicaría, según explica, que desde la comisión se debería dar una postura al respecto, por lo que posibilitaría que las asociaciones o sindicatos podrían «comparecer en la comisión de peticiones europeas». Un trámite que podría durar unos tres meses. Ante esta situación, la comisión «podría ejercer una serie de medidas, que tendrían que ver con comunicaciones con el Gobierno español o incluso les llevaría a realizar instancias al Ejecutivo».

«Son dos vías más políticas y más estratégicas que me parece que debemos tomar», respalda. «No se trata de una simple reivindicación salarial que entra en los presupuestos españoles, sino de unos funcionarios públicos que tienen un carácter especial debido al nivel de responsabilidad propio de la seguridad y defensa del país, que es –apunta– incomparable con otros funcionarios». Beatriz Becerra recuerda que la Policía Nacional y la Guardia Civil son unos funcionarios que están sometidos a unos regímenes especiales que les afecta también a la hora de hacer sus propias reivindicaciones. «Ellos no pueden ejercer su derecho a huelga», por lo que, en sus palabras, no se puede dejar en el «cajón de las reivindicaciones a unos funcionarios que no pueden defender sus derechos laborales». Esta tarea, asegura, «involucra a muchas instancias» y «cada uno en nuestro ámbito debemos dar el paso práctico para que se pueda llevar a cabo, porque son muchos años reclamando lo mismo». «Las PNL y declaraciones de intenciones están muy bien, pero hay que dar pasos claros», confió.

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