La reforma de la Constitución se queda fuera de la agenda del Congreso

La izquierda y Ciudadanos evitan comprometerse en las propuestas para el próximo curso

El tiempo que ocupa en los discursos políticos la reforma de la Constitución no se ha traducido hasta ahora, ni parece que vaya hacerlo a medio plazo, en un interés parecido por activar formalmente este debate en el Congreso de los Diputados. De momento, los grupos ya han pactado las subcomisiones de estudio que pondrán en marcha en el próximo periodo de sesiones, y entre ellas no está la que afecta a la modificación de la Carta Magna. Ningún grupo lo ha pedido, pese a que en la primera reunión de la Comisión Constitucional, que se convocó la pasada semana, la mayoría de los partidos, salvo el PP, sustentaron su discurso en la exigencia de abrir esta discusión. Ninguno ha dado todavía un paso al frente que sirva para convertir en hechos la consigna.

El procedimiento para plantear oficialmente este debate es tan sencillo como llevar al registro de la Cámara Baja una propuesta pidiéndolo. Ese escrito pasaría también por la Junta de Portavoces. En la Legislatura de Alfredo Pérez Rubalcaba como jefe de la oposición, el PSOE demandó la constitución de una ponencia y el PP la tumbó con su mayoría absoluta. En esta Legislatura, con el Gobierno popular en minoría, el PP ya ha confirmado que participará en esos trabajos, hay que tener en cuenta que solo con sus escaños no puede frenarlos, pero ha demandado prudencia y un mínimo de consenso antes de abrir en canal la Ley Fundamental sin que haya un acuerdo básico sobre para qué.

Por tanto, si se pone de acuerdo toda la oposición, todos defienden esta reforma pero sin un mínimo común denominador, la ponencia o subcomisión de reforma podría empezar a trabajar de inmediato. Para que se abra el debate, si hay voluntad política, no hay problema, aunque no pueda haber cambio constitucional sin el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado. Y también es cierto que el debate en sí, dentro del Congreso, podría eternizarse en función de la agenda que pacten los grupos, y sobre el principio de que la posición del PP sería imprescindible para impulsar cualquier reforma luego efectiva.

La salida más lógica para convertir en hechos la urgencia del discurso de la izquierda sobre la reforma constitucional pasaría por que el PSOE fuese el que tomase la iniciativa, una vez que ya lo hizo en la pasada Legislatura. Pero en su situación de interinidad, y en pleno proceso de elección de una nueva dirección, no parece que la gestora esté en condiciones de sostener el liderazgo de esta delicada iniciativa. En Podemos, Pablo Iglesias, también considera que ésta es una propuesta que tiene que tener un acuerdo mínimo previo que en estos momentos no existe, por lo que tampoco forma parte de sus prioridades legislativas. Aunque el pasado viernes, en RNE, volvió a endurecer su discurso contra la Carta Magna e insistió en la necesidad de modificar aspectos esenciales. No obstante, justifica su decisión de no tomar la iniciativa en la falta de consenso. Mañana no participará en los actos de homenaje en el Congreso, y a la recepción enviará a una delegación de segundo nivel en la que no estará Iñigo Errejón.

En conclusión, ni siquiera dentro de la izquierda hay una coincidencia sobre el contenido de la reforma. Y no dan la impresión de que sea lo más útil y lo más rentable políticamente para ellos. Y en cuanto a Ciudadanos, tampoco ha dado señas de que vaya a mover ficha y su propuesta no es compartida íntegramente por el PP. Prueba de ello es que en el documento del pacto de investidura de Rajoy sólo hay una alusión genérica sin entrar en el detalle de para qué debería servir. Los dos partidos firmantes se comprometen a estudiar la actualización del texto constitucional para la mejora de la Norma Fundamental que «ha deparado que la sociedad española haya disfrutado del más prolongado periodo de prosperidad de su historia». «A tal fin se utilizará como referencia el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones constitucionales de febrero de 2006». En el punto anterior, PP y C’s subrayan su compromiso por impulsar un pacto por la unidad de España y la defensa de la Constitución en el que estén todas las fuerzas constitucionalistas.

La subcomisión se encontraría con una agenda de propuestas tan variadas que abarcaría, por ejemplo, el citado informe del Consejo de Estado que recibió José Luis Rodríguez Zapatero, y que el ex presidente socialista guardó en un cajón porque no le convenía políticamente por su dependencia de los votos del tripartito catalán. Entraría la sucesión en la Corona y la revisión del trámite de la investidura, pero también la reforma del Senado o propuestas de modificación del modelo territorial con las que la izquierda cree que hay que responder al problema independentista. Además de las medidas que entienden necesarias para ampliar el reconocimiento de los derechos sociales. En relación al modelo territorial, el informe del Consejo de Estado al que miran PP y Ciudadanos planteaba, entre otros cambios constitucionales, blindar las competencias del Estado para conseguir una mayor eficacia del Estado de las autonomías. Mientras que desde la izquierda se alude a un federalismo aún por definir, las fuerzas independentistas ya han rechazado que acepten negociar sobre financiación, Senado o las competencias de la Generalitat. Es un nivel que dan por superado.