Interior pondrá escolta a los ediles vascos que ganen el 22-M pese a la tregua

MADRID- El «alto el fuego permanente, general y verificable» de ETA no está afectando ni afectará al despliegue de escoltas que controla el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de todos los posibles objetivos de la banda terrorista.

De hecho, fuentes solventes confirmaron a este periódico que Interior tiene un compromiso con el principal partido de la oposición para no tocar nada de lo que hay, salvo peticiones personales que sean individualmente evaluadas, y que, además, la actual protección se extenderá, por ejemplo, a todos los concejales que salgan elegidos en los próximos comicios municipales.

El juego declarativo de algunos dirigentes socialistas, los llamativos matices discursivos de Jesús Eguiguren o la estrategia de la división en la que cree el Gobierno, y que está practicando con el entorno proetarra, configuran uno de los lados del prisma.

Pero en el otro los pasos que está dando Interior no sólo prueban que no se cree a Sortu, sino que tampoco se acaba de creer el inminente final de ETA que algunos anticipan.

Precisamente el pasado mes de septiembre estalló la polémica al hilo de las informaciones sobre los planes del Departamento de Interior de reajustar los programas de protección a algunas de las personas amenazadas, especialmente a ex altos cargos y empresarios.

La justificación fue que se estaba haciendo una evaluación de riesgos de la personas que tenían y tienen protección, y que en base a esa evaluación de riesgos y de los cambios que se iban produciendo en las situaciones de cada una de las personas protegidas, se iban tomando decisiones. El Gobierno de Rodríguez Zapatero negó entonces que esa revisión se debiese a la inminencia de una tregua de la banda terrorista o a motivos relacionados con los presupuestos.

Medio año después, el Partido Popular reconoce que no tiene motivo para la queja sobre las consecuencias de aquella polémica evaluación de riesgos. Y aunque han tenido algún caso puntual de discusión con Interior, como el de Santiago Abascal, desplazado por razones de trabajo a Madrid, al final han llegado a un punto de acuerdo y, en este caso en concreto, el hoy responsable de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid mantiene un servicio de escoltas en la capital y el despliegue de siempre en el País Vasco.

Relajados
Las modificaciones aprobadas han sido por peticiones expresas, sobre todo de ex altos cargos y de empresario, que se han relajado al ver que desde el pasado mes de noviembre no reciben cartas de cobro del «impuesto revolucionario».

Y el compromiso de Interior es mantener el cuadrante del despliegue tal y como está, salvo novedades en el ámbito etarra, es decir, salvo que la banda terrorista anuncie su disolución definitica.

Esto no quita para que también se hayan aplicado ciertos criterios de ahorro, sobre todo en la negociación a la baja de los concursos con las empresas privadas de seguridad o buscando una mayor eficiencia en el trabajo de los escoltas.

«Colarse» en las elecciones
Por otra parte, el Ministerio que dirige Pérez Rubalcaba también ha comunicado ya al Partido Popular que ha puesto en marcha el proceso para desenmascarar las agrupaciones electorales batasunas, otro de los planes «abertzales» para colarse en las elecciones.

Y sobre la inclusión proetarra en las listas de Eusko Alkartasuna (EA), el Gobierno socialista se inclina por utilizar la vía legal que habilita la última reforma aprobada en el Congreso de los Diputados, es decir, por la expulsión «a posteriori» de los infiltrados, en lugar de promover la ilegalización de la formación nacionalista.

Estos compromisos del Ejecutivo explican el perfil bajo del discurso de oposición de los populares en esta materia en concreto, o que «primeros espadas», como Federico Trillo, hayan proclamado su confianza en el Ejecutivo al respecto, sin que parezca haberles importado dejar en evidencia al portavoz europeo, Jaime Mayor Oreja, que no ha variado ni una coma de su inicial denuncia sobre la «negociación en marcha».

Tal y como publicó este periódico el pasado miércoles, ETA mantiene en cada una de las provincias vascas y en Navarra al menos un «comando legal armado durmiente» para que, en caso de que tome la determinación de dar al traste con la tregua tras la celebración de los comicios municipales del 22 de mayo, no tenga que enviar células desde Francia.

Esta semana la Guardia Civil detuvo a cuatro miembros del «Comando Vizcaya» en una operación que se inició en Francia después del arresto en el mes de mayo de 2010 de Mikel Karrera, «Ata», jefe del «aparato militar» del grupo terrorista.