El Consejo Consultivo paga en cuatro meses 155.000 euros en pluses

Veintiocho funcionarios del ente se reparten esa cuantía por productividad y uno solo acapara 14.475 euros

Fuentes sindicales aseguran que lo habitual es que se perciba por ese concepto «unos 200 euros en bruto»

Cuando se hurga en el debate de los salarios públicos, a menudo se acaba en el Consejo Consultivo de Andalucía, cuyo presidente, Juan Cano Bueso, cobra 64.446,36 euros al año, al borde del techo salarial autoimpuesto por el Gobierno autonómico, según el cual ningún directivo podría cobrar más que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que gana justo la misma cuantía. Y a ello hay que sumar los 54.308,60 que recibe la secretaria general del órgano superior de consulta del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta , incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público; y los 63.428,50 euros que perciben seis consejeros con dedicación exclusiva, entre los que se encuentra el ex presidente andaluz Rafael Escuredo, de acuerdo a los datos colgados en el portal de transparencia que nutre el Ejecutivo regional. Unas retribuciones estas últimas que se han homologado, como ha sucedido por arriba, con las de los trece consejeros de la Junta.

Es cierto que en 2009, el presidente del consejo ganaba 108.861 euros, una cifra que se recortó primero a los 92.531 euros y luego continuaron los ajustes genéricos en las nóminas impulsados en la etapa de José Antonio Griñán al frente de San Telmo, desbocada la crisis económica. Pero aún hoy, hay cifras un tanto mareantes ligadas a ese organismo y no siempre a sus consejeros. LA RAZÓN ha tenido acceso a un documento interno según el cual un grupo de 28 funcionarios se habría embolsado 154.911 euros por productividad. Se trata de pluses cuatrimestrales, con lo que multiplicado ese importe por tres para componer los doce meses de un año, la cantidad se dispararía hasta los alrededor de 464.733 euros, al tratarse de retribuciones variables. La mayor proporción individual tiene un destinatario: el letrado mayor del Consejo Consultivo, J. L. M. M., a quien habrían correspondido 14.475 euros. Aunque otras cuatros personas de esa lista ingresaron 12.975, dos más 6.500 euros, otras dos 4.800, una más 4.765, cuatro 4.500, otra 3.160, dos más 3.000 euros y el resto importes superiores a los 2.000 euros, que se elevaron hasta los 2.775 en ocho casos.

Fuentes sindicales apuntan a este periódico que lo habitual en el ámbito de los funcionarios de la Administración autonómica es «cobrar de productividad unos 200 euros en bruto al cuatrimestre». Es más, deslizan que sólo lo que el letrado mayor ingresa en cuenta por ese concepto en dos cuatrimestres, unos 28.950 euros, «podría ser el sueldo bruto al año de otro funcionario», señalan estas fuentes que prefieren parapetarse detrás del anonimato por cierto temor a «represalias», pero que ponen el acento en el agravio comparativo. En el ejercicio de su función, el Consejo Consultivo ha de velar por la observancia de la Constitución española, el Estatuto de Autonomía andaluz o el resto del ordenamiento jurídico y con el fin de garantizar su objetividad y su independencia, tiene autonomía orgánica y funcional. Unas condiciones que incluyen el ámbito económico-presupuestario, como muestra que la entidad que dirige Cano Bueso elabora y maneja sus cuentas, que serán en última instancia una pieza del puzzle que supone el Presupuesto general de la comunidad. De acuerdo al relativo al presente ejercicio 2017, el Consejo Consultivo cuenta con una partida de 3.762.607 euros, según se puede comprobar en el portal de transparencia del Ejecutivo regional. De ese global del que dispone el organismo, la mayoría, en concreto 3.251.607 euros, se destina a soportar los gastos de personal, lo que supone el 86,4 por ciento del total. El resto, 486.000 euros, es para gastos los corrientes en bienes y servicios. Al margen del dinero, o no, cabe recordar que las consultas que se dirijan al consejo serán preceptivas o facultativas y sus dictámenes no son vinculantes, salvo en los casos en que así se establezca en alguna ley.