La Junta externaliza las primeras auditorías fijadas por ley de las cuentas de 12 consorcios

Son obligatorias este año y Hacienda pagará más de 356.000 euros para que se analicen, entre otras cuestiones, las transferencias de financiación recibidas por esos entes públicos

Otro paso adelante confirma que la mejora del control interno en la Administración autonómica está unida a agentes externos. Con el fin de lograr esa mayor vigilancia, una vacuna contra la corrupción que ha deteriorado la imagen de la Junta, la Ley del Presupuesto de 2016 recoge algunos puntos novedosos como la obligación de auditar de forma anual las cuentas de los consorcios del sector público andaluz. Para cumplirla por primera vez, el Gobierno regional ha licitado la contratación de servicios destinados a realizar esas auditorías, en colaboración con la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA).

El presupuesto base de la contrata, «a priori» vinculada a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, y promovida por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, es de 294.222,69 euros, que, si se le añade el correspondiente IVA, en este caso de 61.786,77, se convierten en 356.009,46. Si bien, el valor estimado se eleva aún más, hasta los 395.253,76 euros, dado que existe la posibilidad de prórroga de un año y la opción de modificar el contrato hasta un 19,99%.

La firma auditora que resulte elegida –pueden concurrir como licitadoras uniones temporales de empresas (UTE)– tendrá que plasmar por escrito su opinión sobre si esas cuentas anuales constituyen, entre otros extremos, una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del consorcio correspondiente, sobre el resultado de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados en el ejercicio visado y sobre si éstos se han preparado y presentado «de conformidad con principios y normas contables» vigentes, según se recoge en el pliego de prescripciones técnicas hilvanado a la contrata. La adjudicataria deberá comprometerse a llevar a cabo, para conseguir esos objetivos generales, actuaciones de verificación encaminadas a confirmar saldos deudores con la Junta, revisar la valoración y el registro de los derechos de uso sobre bienes cedidos por el Ejecutivo regional en el periodo analizado y su imputación a resultados; así como a examinar la estructura financiera de las entidades, poniendo el acento en las fuentes de financiación procedentes de la Junta. A ello se sumará el análisis del uso de las famosas –por el «caso de los ERE»– transferencias de financiación recibidas por los consorcios y la comprobación de que la información a estudiar remitida por éstos al cierre de cada ejercicio concuerda con la que consta en sus respectivas cuentas anuales. Todos esos trabajos se plasmarán en tres informes, a entregar en soporte papel e informático durante el mes siguiente a que los datos presupuestarios formulados sean entregados por los órganos de administración de los entes auditados.

La relación laboral arrancará con la firma del contrato y tendrá como fecha global final el 30 de septiembre de 2019. La beneficiaria a la que se le asigne la prestación de estos servicios deberá, como en otras ocasiones, garantizar la confidencialidad de la información utilizada para la ejecución de sus tareas, la de los trabajos mismos y la de cualquier otra que en el desarrollo de éstos «pudiera llegar a conocimiento del personal que conforme el equipo» a cargo del desarrollo de esta labor, por un plazo que no podrá ser inferior a los cinco años.

Las entidades que contarán con esta auditoría externa son una docena: los consorcios de transportes de las áreas de Málaga, Granada y Sevilla; los consorcios de transporte metropolitano de las áreas de Córdoba, Almería, Jaén y del Campo de Gibraltar; el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, el Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, el Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada y el Consorcio Centro de Transportes de Mercancías de Málaga. Contener el embate de la corrupción parece que conllevará desembolsos para apoyo exterior a descontar de las arcas públicas.