La Junta pide a Rajoy que no solicite la suspensión cautelar de las 35 horas

El conflicto abierto entre la Junta y el Gobierno central a cuenta del anuncio de éste de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley que devolvía las 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores públicos de la Administración autonómica entra en una etapa de distensión. El Ejecutivo de Mariano Rajoy rebajó ayer la intensidad del debate al asegurar que estudia implantar las 35 horas en 2018 –la medida tendría cabida en dicho ejercicio presupuestario–, aunque habría que concretar «dónde se puede aplicar y dónde no». Así lo aseguró el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez, tras la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes, detallando que la medida se pretende llevar a cabo «a futuro», aunque quiso dejar claro que el Gobierno no retirará el recurso ante el Constitucional.

El anuncio va en la línea del compromiso expresado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de «evitar la conflictividad» en torno a este asunto. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que asistió al encuentro, se mostró optimista con la nueva posición del Ejecutivo de Rajoy, remarcando que «habrá que ver cómo se traduce este anuncio en el diálogo que hay que seguir haciendo». En los mismos términos se expresaron los responsables de la Consejería de Hacienda, que en una nota aseguraron que «ahora no tiene sentido la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía, pues supondría una alteración de la planificación de los servicios públicos». «Sería poco lógico suspender la medida en Andalucía y aprobarla tres meses más tarde en el proyecto de Presupuestos».

Pese a todo, Jiménez Barrios lamentó que «los acuerdos de la Conferencia de Presidentes fueron claros a la hora de la recuperación de los derechos perdidos, así que no hemos recibido una explicación clara sobre por qué el Gobierno ha tardado nueve meses en recurrir».

Cabe recordar que el Ejecutivo recurrió medidas idénticas en Castilla-La Mancha y el País Vasco, que fueron tumbadas posteriormente por el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, respectivamente. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió cautelarmente las 35 horas semanales para los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid.

La Junta parece olvidar estos precedentes. De hecho, considera que las normas estatales de reequilibrio económico-financiero de 2012 –la jornada laboral de los funcionarios pasó de 35 a 37,5 horas semanales– «chocan» con el Estatuto Básico del Empleado Público, que «en su artículo 47 asigna a las comunidades autónomas la capacidad para organizar la jornada de sus empleados». Por tanto, «se trata de una regulación de carácter económico para limitar el gasto y no de una cuestión jurídica competencial».

Pese al anuncio del Gobierno, los sindicatos siguen en alerta. Ayer se escenificó un «gabinete de crisis», en palabras del secretario general de la federación de servicios públicos de UGT, Antonio Tirado, con las centrales y la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, para plantear acciones de protesta. Tirado avanzó que transmitirán su posición a los subdelegados del Gobierno en Andalucía y, «dentro de nuestras posibilidades, al PP». «Este recurso supone mucho para los trabajadores públicos y para los ciudadanos. Además de ser un derecho laboral, conllevaba una perspectiva de creación de empleo de hasta 9.000 puestos de trabajo, que eran estables y de calidad», insistió. La fórmula de la suspensión cautelar, a juicio del secretario general de la federación de servicios a la ciudadanía de CC OO, Agustín de la Cruz, «crearía más daño que bien», por lo que abogó por «dejar entrar al Tribunal Constitucional al fondo de esta cuestión». Por su parte, el responsable de acción sindical de CSIF, Joaquín Álvarez, aseguró que los sindicatos mantendrán «contactos muy fluidos» para plantear acciones de protesta.

Los partidos, de su lado, siguieron mostrando sus discrepancias. La secretaria general del PP-A, Loles López, acusó a Díaz de utilizar a los funcionarios «como rehenes para el electoralismo» y de rechazar el diálogo ofrecido por el Gobierno. El PSOE-A, en boca de su secretario de Organización, Juan Cornejo, reprochó al líder del PP-A, Juanma Moreno, no haberse «mojado» en defensa de los empleados públicos. Podemos, por su parte, vio «incongruente» que el PP apoye la subida de sueldos a los funcionarios públicos en el Parlamento andaluz y que el Gobierno recurra las 35 horas. «Estaremos con los empleados públicos, convoque quien convoque».