Plantando cara al contrabando

La venta ilícita de tabaco supuso el 8,2 por ciento del mercado en España en el primer semestre, aunque las cifras comienzan a bajar.

El contrabando de tabaco representó el 8,2 por ciento del mercado de cigarrillos en España en el primer semestre del año, lo que supone un descenso de 2,4 puntos respecto al mismo periodo de hace un año y más de cuatro puntos sobre el final de 2014, cuando se alcanzó la cifra más elevada de los últimos años. Estos datos de la consultora Ipsos fueron dados a conocer en el II Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, que se celebró en Sevilla, por el presidente de Altadis, Juan Arrizabalaga, quien destacó la «suave pero continua» reducción del comercio ilícito de tabaco.

Sin embargo, Arrizabalaga subrayó que el hecho de que todavía supere el 8 por ciento del mercado de cigarrillos demuestra que sigue siendo «una lacra importante» que la sociedad no «puede ni debe» aceptar. En este sentido, señaló que esta práctica destruye empleo y riqueza, reduce la recaudación fiscal, contribuye a la financiación de las mafias y del crimen organizado y entraña «graves riesgos» a los que están expuestos los más jóvenes.

Igualmente, aseguró que, aunque «el trapicheo es parte del paisaje» en España, se debe aumentar la concienciación social porque el mercado ilegal supone que se detraigan de las arcas del estado entre 800 y 1.000 millones al año.

En Andalucía, la comunidad más afectada, cada estanquero deja de ingresar una media de 200.000 euros al año como consecuencia del contrabando. Por ello, Altadis y los demás fabricantes están «sufriendo mucho» por el contrabando, con una pérdida de más de 1.500 millones por la bajada del consumo a consecuencia de la crisis económica, en lo que influye el contrabando, que ofrece el producto por mucho menor precio. Arrizabalaga avisó a los consumidores de que este tipo de producto carece de controles sanitarios, que ha sido fabricado normalmente en Europa del Este o en Emiratos Árabes, y que es de fácil acceso para los menores.

En definitiva, el contrabando es considerado como un problema económico, social y de seguridad sobre el que las autoridades, especialmente locales y autonómicas, «deberían vigilar aún más de cerca». Incluso alertó de que ha sido una de las fuentes de financiación que ha utilizado el yihadismo.

Arrizabalaga, no obstante, reconoció y agradeció el trabajo «eficaz» de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero advirtió de que ni su contribución ni el contexto de recuperación económica debe suponer que se «confíen», ya que los contrabandistas buscan «el más mínimo resquicio» para dar continuidad a su actividad.

En el congreso también intervino el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, quien reveló algunos datos que dan buena muestra de la intensa lucha que están librando las fuerzas de seguridad contra la venta ilícita de tabaco. De hecho, en los primeros ocho meses se han confiscado en la comunidad autónoma un total de 260 toneladas de picadura de tabaco, lo que supone el 87,3 por ciento del total intervenido en España.

Estas cifras significan un aumento de casi un 330 por ciento respecto al mismo periodo de 2015, detalló Sanz. También aseguró que el año pasado se registró un incremento del 77 por ciento en el número de cajetillas intervenidas en Andalucía, al pasar de 3 millones a 5,3 millones, que son casi la mitad del total a nivel nacional.

Sanz recordó que esta actividad ilícita tiene un impacto negativo en la economía andaluza de 780 millones, lo que supone una pérdida del 28,3 por ciento de la recaudación total en la comunidad y la destrucción de más de 5.000 empleos. Las pérdidas económicas de 2015 frente al año anterior suponen una bajada del 21,6 por ciento, ya que se pasó de perder 994 millones a los 780 millones.

Con estos datos, el delegado explicó que se desprende una disminución en los niveles de comercio ilícito de cigarrillos, que en 2014 registró un 42,5 por ciento frente al 36,5 por ciento de 2015. «La lucha contra el contrabando es una prioridad para el Gobierno central, a través de la Agencia Tributaria y las fuerzas de seguridad», remarcó.