Tropezones

Estamos en la recta final de la campaña para las elecciones autonómicas más importantes de la historia de nuestra democracia. Nunca un proceso regional había tenido tanta relevancia nacional, e incluso internacional. Dentro de pocos días sabremos si Cataluña va a seguir estancada en el callejón sin salida del procés o si está dispuesta a darse un nuevo tiempo. En Europa esperan los resultados como un indicador de otros conflictos nacionalistas.

En una confrontación muy competida, todos los sondeos apuntan que se va a dilucidar en un margen estrecho de votos. Los partidos políticos han diseñado campañas y mensajes con la intención de movilizar a su electorado y ganar nuevos votantes, no hay hueco para la improvisación.

Pero hay algo más en juego, los errores que cometa un candidato pueden tener un precio alto para su partido, pero, también, para el fondo de lo que se ventila, que no es otra cosa que la normalidad democrática en el país.

Los partidos que defienden el orden constitucional se someten al escrutinio público con la mochila del coste de la aplicación del art. 155. La aplicación y la defensa de la ley han tenido un alto coste para ellos y para el Estado.

Desde 1978, España se ha cimentado en la separación de poderes como condición previa del sistema, eso incluye el respeto a las decisiones judiciales. Pero la separación de poderes no es solo la independencia y autonomía de los jueces o la aceptación de sus decisiones, es la voluntad explícita de los demás poderes de evitar influir en la toma de decisiones judiciales, al tiempo que se asumen sus consecuencias para los miembros de la comunidad.

Algunos políticos del último gobierno de Cataluña están siendo juzgados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, otros lo estaban siendo por tribunales de otros países. La causa judicial se basa en su presunta responsabilidad por haber cometido delitos tipificados en el ámbito penal. No es una decisión arbitraria o política de un tribunal, es la aplicación del Estado de Derecho que en un país republicano, en sentido cívico, es igual para todos.

Sin embargo, plantear la posibilidad de eludir responsabilidades futuras con instrumentos como el indulto, sólo abre la puerta a interpretaciones negativas: que da igual lo que resuelva la Justicia o que es una decisión política la condena de los ex consellers. Además, si el tribunal los declara culpables, como si lo hace en sentido contrario, el resultado será el mismo siempre y cuando el president de la Generalitat sea quien tiene que ser.

En las campañas electorales se cometen errores, los líderes son seres humanos y nadie puede exigirles infalibilidad, pero sí que rectifiquen cuando se equivocan y, desde luego, no insistan en el error.

Uno de los problemas de fondo que tiene el PSC, y en cierta manera también el PSOE, es que han centrado su objetivo en gobernar, de tal manera que han olvidado que el camino mejor para hacerlo es ganar las elecciones. No se puede aspirar al oro olímpico, esperando que los corredores favoritos tropiecen unos contra otros y acaben en el suelo.

Las declaraciones del Sr. Iceta solo pueden interpretarse en la estrategia de intentar aglutinar menos desafectos, en lugar de mayor número de apoyos. Sin embargo, hay cosas con las que hay que ser cuidadoso, en estas elecciones nos jugamos demasiado como sociedad.

Cuando se celebre el 21-D no deberá obviarse quien ha tenido la confianza de los catalanes y quien no. También habrá que reflexionar sobre si el Partido Socialista aspira a ser el pequeño partido bisagra de Borgen o, primero, un partido con vocación de mayorías y de gobierno, después.