La lección que Sánchez debe aprender del «caso de los ERE»

La investigación sobre el «caso de los ERE» está llegando a su fin y, muy probablemente, alcance a los máximos responsables políticos de este sistema ilegal de concesión de ayudas: los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, bajo cuyos mandatos se proyectaron y ejecutaron pagos por más de 1.400 millones de euros. Sin olvidar la presunción de inocencia de los posibles procesados, hay que dajar claro que la red clientelar de fondos de la Junta creada para subvencionar despidos sólo se pudo hacer gracias a la dejación de la propia Administración (delito de «in vigilando»), lo que resulta del todo imposible, dadas la continuidad y extensión territorial del delito, o desde la complicidad de los cargos públicos que permitieron la puesta en marcha de este sistema de prejubilaciones fraudulentas. En 2001, el Gobierno andaluz que presidía Chaves decidió respaldar económicamente a empresas y trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Hasta 2011, este fondo había sido dotado de 721 millones de euros y debería ampliarse hasta 1.217 millones. La aplicación de estas ayudas se basó en la opacidad y en otras deficiencias administrativas. La prueba está en que, desde 2005, hay informes de la Intervención de la Junta que alertaron de que la Consejería de Empleo prescindía del procedimiento previsto por la Ley. Es evidente que hubo una decisión política, errónea o acertada, que inició un sistema de subvención que ha resultado ser un fraude. La responsabilidad, por lo tanto, debe ser al más alto nivel. Además de a los ex presidentes Chaves y Griñán, todo indica que el juez Álvaro Marín sentará en el banquillo al ex vicepresidente Gaspar Zarrías, a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, así como a varios responsables de la Administración autonómica. La investigación ha sido larga, no exenta de conflictos jurídicos (la jueza Mercedes Alaya fue apartada del caso) y de bloqueos políticos. A favor de la actual presidenta, Susana Díaz, hay que destacar su actitud implacable contra los imputados, a los que obligó a dejar sus cargos. Para aquellos que quieran ver fantasmas conspirativos, hay que recordarles que la impunidad con la que actuaron los responsables es una pura cuestión legal, de acatamiento del Estado de Derecho, ya que las ayudas millonarias que se dieron iban en contra de la Ley de Subvenciones y de la Ley de la Hacienda Pública, dado que el dinero se transfería de la Consejería de Empleo a la Agencia Idea –cuyos directivos también pueden ser procesados–, donde se perdía el rastro y la supervisión pública. Dicho lo cual, ¿cómo fue posible que se pudiera mantener un sistema de subvención de esa cuantía sin ningún tipo de control durante tanto tiempo? Pedro Sánchez ha hecho del tema de la corrupción buena parte de su campaña, pero siempre y cuando no afectase a su partido, es decir, con muy cortas miras. Hay que legislar y emplear todas las medidas de control necesarias para evitar casos de fraude continuados como el de los ERE para que no se repitan y, de suceder, es menester aplicar un código deontológico que impida que decenas de cargos públicos se perpetúen en sus cargos. El secretario general del PSOE, partido que ha quedado manchado en este caso –en el que se reveló un nefasto sistema de clientelismo político–, debería entender que la regeneración política se hace aplicando soluciones y no utilizando circunstancialmente la peor de las deshonras políticas.