La ley nos obliga a todos

La orden de detención contra Juana Rivas Gómez, dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada con la anuencia de la Fiscalía, no sólo se ajusta a derecho, sino que supone la restitución de la legalidad conculcada. En efecto, Juana Rivas se había negado a acatar la sentencia que la obligaba a entregar a sus dos hijos al padre y, en su lugar, optó por la desobediencia. Ahora se enfrenta a una probable acusación por sustracción de menores, un delito grave que puede costarle la pérdida de la custodia de sus vástagos. Sin duda, detrás del comportamiento de esta mujer granadina se encuentra la pretensión de que se agoten las vías de la jurisdicción ordinaria para que sea el Tribunal Constitucional quien se pronuncie –como ya se hizo en un caso anterior, con la suspensión de la orden de entrega de una menor a su progenitor–, pero esta estrategia procesal no puede justificar en modo alguno el incumplimiento de las resoluciones judiciales, más aún cuando el caso que nos ocupa ha sido examinado en tres instancias diferentes, siempre con el mismo resultado. No se trata, por supuesto, de rechazar de plano las razones que esgrime la madre para justificar su comportamiento, pero sí de llevar al ánimo de la opinión pública el hecho de que los distintos tribunales que han intervenido en el proceso han actuado con la mayor profesionalidad, practicándose todas las diligencias de prueba que demanda una instrucción compleja, en la que, por definición, las posiciones de las partes son diametralmente opuestas. En definitiva, que ni los jueces han actuado con ligereza, ni se ha obviado en ningún momento la defensa del interés superior de los menores, como parece desprenderse de algunas declaraciones políticas poco ponderadas. Precisamente, porque nos encontramos en un terreno muy sensible en la percepción de los ciudadanos, como es todo lo se refiere, aunque sea tangencialmente, a la lacra de la violencia de género y a la defensa de las víctimas del maltrato machista, los representantes públicos están obligados a una mayor prudencia y, sobre todo, a no poner gratuitamente bajo sospecha la acción de los tribunales de Justicia que son, no lo olvidemos, los que se encuentran en primera línea a la hora de proteger los derechos de las víctimas y castigar comportamientos execrables. Por más simpatías que despierte la tribulación de una madre que busca lo mejor para sus hijos, la obligación primera de los poderes públicos, en éste y en todos los ámbitos, es procurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, aunque no se compartan. En este sentido, la verdad desnuda es que Juana Rivas se ha declarado en rebeldía y ha actuado con contumacia. La orden de detención, pues, no presupone ulteriores decisiones, sino que se limita, como ya hemos señalado, a reponer la legalidad ordinaria que, en este caso, tiene una proyección internacional, puesto que hablamos del Convenio de la Haya sobre sustracción de menores, suscrito por España en 1987, que prevé sanciones para el Estado que no cumpla la orden de retorno de un menor secuestrado por uno de los progenitores. Finalmente, se puede argüir que en el ánimo de los legisladores –tal y como recoge el acuerdo sobre la lucha contra la violencia de género aprobado por los partidos políticos– está la convicción de que se debe retirar la patria potestad a los condenados por malos tratos en el ámbito familiar y que esa percepción debe reflejarse ya en las decisiones judiciales. Pero, realmente, no es la cuestión que se dirime en el caso de Juana Rivas. De lo que se trata es de la desobediencia a los Tribunales y a sus resoluciones, que a todos obligan.