Empleo tiene un plan para que el SAE deje atrás el «tablón de anuncios»

La falta de trabajo, el paro, sigue siendo la principal preocupación de los andaluces, según ha ratificado el segundo Barómetro de Opinión Pública difundido por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) esta semana. Un temor que está vinculado a un buen puñado de cifras. El año 2018, la renta media por habitante en la comunidad fue el 74 por ciento de la de España. Traducido en euros: 19.132 frente a 25.854. Durante la anterior etapa expansiva del ciclo, de 1995 a 2007, se consiguió un leve acercamiento entre ambas que llegó a su máximo en 2007, con un 77,6 por ciento. Un repunte que se ha demostrado efímero, dado que la ratio actual, 75 por ciento, es inferior a la correspondiente a 1995.

Una de las principales causas que explican esa menor renta por habitante es el alto nivel de desempleo existente en una región que tiene una tasa de paro que supera el 21 por ciento. De hecho, una característica persistente del mercado de trabajo regional son los 8,5 puntos por encima de promedio que ésta registra sobre la media española. Y ello, pese a la aplicación de teóricas políticas activas de empleo.

De acuerdo a los datos que maneja la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, existen cuatro problemas estructurales que afectan al mercado laboral andaluz: el alto índice de desempleo juvenil, la elevada temporalidad, la cronificación de la situación de desempleo y los bajos niveles de formación educativa. Además, la comunidad es la que menos dinero recibe desde el Gobierno de España por persona desempleada y cuenta con una asignación menor a la media, si se considera a toda su población.

En ese contexto, desde el Ejecutivo autonómico entienden que la intermediación de los servicios públicos de empleo debe «facilitar el encuentro entre las capacidades de las personas y las necesidades» laborales. En la consejería del ramo creen que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) «muestra un desempeño mejorable» en ese terreno, dado que gestiona sólo el 2,7 por ciento de las contrataciones que se realizan en la región, de las que el 96 por ciento son públicas. A esto se añade que más de la mitad de los parados no consideran al SAE un instrumento útil para buscar y encontrar un puesto de trabajo, así como la falta de estudios que analicen «el impacto y la eficiencia de los recursos aplicados a las políticas activas de empleo».

Fuentes de la consejería han trasladado a este diario su intención de implantar «un nuevo modelo de gestión en el SAE» y, dentro de éste, la de poner en marcha «un sistema de perfilado estadístico de demandantes de empleo y de las necesidades de las empresas», desarrollado con herramientas de inteligencia artificial y prospectivo. Esto es, pretenden apostar por la información para casar la oferta y la demanda, lo que permitirá «situar la orientación» a las personas en «el centro de la organización» de dicho organismo público.

La primera contrata ligada a ese perfilado, que «será pionero en España», se licitará «este mes de febrero», según adelanta a LA RAZÓN el viceconsejero, Miguel Ángel García, y el propósito es que su aplicación se logre en varias etapas. En definitiva, se espera que la suma de «la información relativa a las personas desempleadas, unida a las variables estadísticas que caracterizan tanto al mercado de trabajo como a las demandas generadas por las necesidades de las empresas, haga posible llevar a cabo la modelización a corto, medio y largo plazo». Esto posibilitará, incluso, con métodos predictivos, «anticipar las necesidades del tejido productivo», aseveran.

La esencia del cambio se juega a veces en la diferencia entre hacer un inventario de lo encontrado y empezar a contar otra historia y en Empleo abogan por que Andalucía pase «del servicio público del tablón de anuncios a la digitalización», en palabras de García. Con la novedosa herramienta que impulsarán se busca «batir información continuamente, generarla al día», con el propósito de que el SAE «sea útil para los parados y para las empresas». Otra pata esencial en la que trabajan es en la formación y lo hacen con un horizonte: que el orientador sea prescriptor.

>1.300 millones de euros estatales

perdió la región por la falta de ejecución de políticas activas de empleo en el periodo 2012-2018