La Junta de Andalucía reclama al Estado una «caja única» que garantice su 50% para sostener la dependencia

«Tenemos una media al mes de 329 personas más que en 2018». La frase es de la titular de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación andaluza, Rocío Ruiz, y la usó, junto a otras muchas, para defender la gestión del Ejecutivo andaluz en materia de dependencia. La consejera recordó que cuando echó a andar el actual Gobierno autonómico se encontró con que el anterior Ejecutivo socialista reconocía a «75.000 personas» en «las listas de dependencia oficiales» que tenían la prestación. Luego se descubrieron «otras 35.000» que sólo «estaban grabadas» en el sistema, pero «pendientes de una valoración», por lo que no podían cobrar el dinero; y más tarde hallaron en las provincias «24.761 expedientes» sin grabar que «no existían para la Administración», más allá del papel en el que aún estaban materializados. Ruiz subrayó el «esfuerzo presupuestario» llevado a cabo por la Junta en este área y el que han incorporado «personal valorador porque no se cubrían las bajas y había un déficit importante», en concreto han sumado a 36 trabajadores.

Pero lo que el Ejecutivo regional no está dispuesto a sostener es que la Junta pague «el 82%» del sistema de la dependencia, mientras el Gobierno de España soporta sólo «el 18%». Por ello, el Consejo de Gobierno de ayer aprobó instar al Ejecutivo de la nación a promover un pacto de Estado en defensa del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD). Buscan en esencia garantizar la financiación al 50%, que la parte del Estado se asegure a través de una «caja única», y que se atienda a realidades como el envejecimiento de la población.

La consejera pide que no se politicen las ayudas del IAM

De otro lado, Ruiz pidió que no se «politice» el reparto de las ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y no usar este tema para confrontar, tras la movilización en Sevilla de unas 8.000 personas por la retirada de subvenciones a 241 proyectos. Defendió lo hecho en el cumplimiento de la ley y reiteró el compromiso de la Junta con la lucha contra la violencia machista.