Andalucía por la igualdad

Cumplido al fin el sano rito de la alternancia, la Andalucía oficial ya no está identificada con el PSOE, el partido que capitalizó el referéndum de 1980 y lo convirtió en su palanca para ejercer casi cuatro decenios de poder omnímodo. La corbata verde del presidente Moreno y las encuestas que certifican la consolidación de la mayoría que lo sostiene deben interpretarse como la culminación de la Transición en un territorio que ha de volver a erigirse, igual que a finales de los setenta, en una muralla contra los nacionalismos centrífugos. Si los socialistas han desistido de esta tarea, a causa de la maligna intercesión de Pedro Sánchez, deberán realizarla otros. Es ésta la región más poblada del país y la única comunidad en cuyo escudo e himno figura la palabra «España», valga el recordatorio para quienes pretenden reivindicar a Blas Infante desde una especie de etnicismo cripto-musulmán pero también para los que lo adscriben, en tácita justificación de su vil asesinato, a la horda antipatriota. En 1980, el ministro Clavero Arévalo pactó con aquel partido cabal que pastoreaba Alfonso Guerra la vía del 151 para que los andaluces no fueran más que nadie, pero tampoco menos. La afortunada expresión «café para todos», tan pervertida después, se concibió precisamente para diluir el ansia federalista del trío GALEUSCA, los campeones de la asimetría. En las mismas, o parecidas, nos vemos ahora: los nacionalismos periféricos quieren reventarle las costuras al Estado de las Autonomías, y ahora cuentan encima con una ventaja de valor incalculable, la complicidad del orate de La Moncloa. Entonces, igual que ahora, toda la problemática se reduce a una pregunta. ¿Creemos o no creemos en la igualdad de todos los españoles? Por su peso económico y demográfico, también por el signo inequívocamente constitucionalista de sus gobiernos, Madrid y Andalucía deben ser los diques de contención ante el desbordamiento que pretenden provocar.