Castilla-La Mancha activa la vía judicial contra el Gobierno por la gestión del trasvase Tajo-Segura

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha está ultimando una acción judicial contra el Ejecutivo central por el presunto incumplimiento en la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. La demanda se centra en reclamar el cumplimiento de la disposición final del Real Decreto de 2023, que establecía un plazo específico para proponer cambios en la gestión del trasvase ante el Consejo Nacional del Agua.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha confirmado que los equipos técnicos están finalizando los argumentos que sustentarán la reclamación. Su objetivo es presentar la documentación al Consejo de Gobierno en un plazo próximo, formalizando así una decisión política de gran trascendencia.

"Espero que todos estos estudios estén finalizados a lo largo del mes de marzo y que podamos elevar al Consejo de Gobierno la decisión de presentar esta demanda y que lo antes posible se presente", ha ofrecido en una entrevista a Europa Press.

El núcleo de la reclamación radica en que las modificaciones de las reglas de explotación no han sido sustanciales. Castilla-La Mancha exige que se respeten los compromisos normativos relacionados con la gestión del trasvase, poniendo especial énfasis en la preservación de caudales y ecosistemas asociados a espacios naturales protegidos.

La postura de la Comunidad Autónoma no busca la supresión del trasvase, sino su gestión bajo principios de sostenibilidad. Mercedes Gómez ha enfatizado la necesidad de proteger los recursos hídricos de los entornos vinculados a la Red Natura 2000, manifestando una preocupación ambiental fundamental.

La iniciativa representa un paso significativo en las tensiones competenciales entre administraciones. De prosperar la demanda, se iniciará un proceso judicial encaminado a forzar el cumplimiento de los plazos y contenidos establecidos en la normativa de 2023, con el objetivo de garantizar una gestión equilibrada que beneficie tanto a la cuenca cedente como a la receptora.

Ese reglamento arrojaba "que en el plazo de un año se tenía que haber presentado al Consejo Nacional del Agua una propuesta de modificación de las reglas de explotación". Sin embargo, este finalizó en "febrero de 2024".

"Hemos sido muy pacientes, hemos hecho distintas aportaciones al Gobierno de España para ver cómo se podrían mejorar esas reglas de explotación, teniendo en cuenta que se pretende seguir manteniendo el trasvase", sostuvo Mercedes Gómez.

El Gobierno regional ha mantenido una postura constructiva, realizando múltiples aportaciones al Ejecutivo central para mejorar las reglas de explotación. Sin embargo, ante la falta de cambios sustanciales, ha optado por la vía judicial como mecanismo para defender sus legítimos intereses territoriales.