El Consejo de Cuentas se implica en el reto demográfico

El Consejo de Cuentas de Castilla y León se implica también en el reto demográfico y contra la despoblación. Así, la institución que preside Mario Amilivia trabaja en la actualidad en un informe en al que analiza las medidas adoptadas por las entidades locales de la Comunidad para tal fin, dentro del ámbito de sus competencias para conseguir atajar la pérdida poblacional.

Además, y en colaboración con la Cámara de Cuentas de Aragón, se está preparando una jornada que hará especial hincapié en la despoblación que afecta a las comunidades aragonesa y castellano y leonesa, en la que, además, se estudiarán otras actuaciones como los planes de convergencia interior de ambos territorios “para comprobar cómo ha funcionado y evitar desequilibrios en el futuro”, según explicaba Amilivia, en declaraciones recogidas por Efe. Un encuentro éste, del que aún no hay fecha pero que podría celebrarse o bien en Soria o bien en Teruel, por ser los dos exponentes máximos de la despoblación del interior de España,, en el que se estudiarán también medidas para reactivar las cuencas mineras de las dos regiones.

Más control para que se cumplan las recomendaciones

Así lo avanzaba Mario Amilivia, en declaraciones a los periodistas, después de reunirse en Palencia con los presidentes de las Cámaras de Cuentas de Andalucía y de Aragón, Antonio López y Alfonso Peña, en una jornada en la que se trataban aspectos dirigidos a los técnicos de las instituciones, en relación a los informes de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por estos órganos de control antes las administraciones públicas, a partir de la metodología, el alcance y el contenido que se establecen. Al respecto, Amilivia ponía en valor que el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha sido pionero en la puesta en práctica de este informe de seguimiento y de recomendaciones, con seis informes aprobados de este tipo que, según decía, posibilitan un seguimiento posterior de las medidas adoptadas por el sector público y un seguimiento permanente de las entidades auditadas”.

Igualmente, avanzaba que están trabajando en una propuesta de modificación de su Reglamento ante el Parlamento autonómico para cambiar los plazos de elaboración de este informe, ampliando el calendario de respuesta de las entidades del sector público y anunciaba que el proyecto de Plan de Fiscalizaciones para el ejercicio 2020, remitido a las Cortes de Castilla y León, incluye además del informe de seguimiento y de recomendaciones relativo a 2019, otros dos informes específicos y que este mes de febrero está prevista su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico. La propuesta en tramitación amplía de dos a cuatro meses el plazo de comunicación, por parte del presidente, de las recomendaciones a los entes auditados y el informe pasará a aprobarse durante el segundo semestre del año.

“La clave para una institución como esta es que sus recomendaciones sean aceptadas, por lo que hay que insistir más y más, apuntaba Mario Amilivia, quien, no obstante, destacaba que el dato actual de cumplimiento de las recomendaciones ronda el 60 por ciento, “lo cual no está nada mal”, apuntaba.