La Junta se adhiere al Fondo de Facilidad Financiera por 291 millones

El Consejo de Gobierno ha acordado la adhesión de la Comunidad al Fondo de Facilidad Financiera que ha asignado a Castilla y León 291,38 millones de euros para cubrir las necesidades de endeudamiento correspondientes al segundo trimestre de 2020, tras considerar los potenciales beneficios que se pueden obtener en ahorro de intereses y al no ser necesaria la elaboración de un plan de ajuste. Así lo ha indicado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras informar de las cuestiones aprobadas en el Consejo de Gobierno

Esta adhesión tiene como objetivo habilitar recursos financieros para atender las necesidades de liquidez del segundo trimestre de este ejercicio, en un contexto en que los mercados de deuda están fuertemente condicionados por la pandemia provocada por el COVID-19.

Además, Igea señalaba que Castilla y León ha reducido su nivel de endeudamiento al cierre de 2019 hasta el 20,8 por ciento sobre el PIB, medio punto porcentual menos que en 2018 y casi 3 puntos inferior a la media autonómica. Este dato mantiene a la Comunidad como la octava autonomía más saneada del país, según los últimos datos publicados por el Banco de España el pasado 31 de marzo. La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es limitada, de acuerdo con los datos facilitados por el organismo regulador. En concreto, al término de 2019 se cifraba en el 4,2 por ciento del total de las comunidades autónomas.

Ayuda a corporaciones locales

Por otra parte, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha aprobado una aportación de 10.768.250 euros, para ayudar a las corporaciones locales, como consecuencia de la situación generada por el COVID-19, que se divide en dos líneas de financiación para hacer frente a necesidades de carácter social que puedan surgir como consecuencia del COVID-19.

Una de las líneas de ayuda contempla una partida de 1.768.250 euros, que irán destinados a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos debido a la pandemia del coronavirus y que además, se ha repartido entre las Corporaciones Locales con competencia en servicios sociales. Su distribución se ha realizado en función del número de niños con domicilio en el ámbito de actuación de cada una de dichas entidades locales y que estaban accediendo al comedor escolar de manera gratuita por causas económicas.

Por otro lado un total de nueve millones de euros, del Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19, servirán para reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares.

Estos fondos también se podrán destinar a incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria; trasladar al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, higiene, y otros similares; reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones; adquisición de medios de prevención (EPI); ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas.

En cuanto a este Fondo Social Extraordinario, siete millones se han repartido entre las 24 corporaciones locales de manera proporcional a lo recibido para este año 2020 en el Acuerdo Marco, y los otros dos millones restantes servirán para financiar el esfuerzo económico que tienen que realizar las corporaciones locales que disponen de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad, distribuyéndose la cuantía de manera proporcional a las plazas financiadas este año en el Acuerdo Marco.