Baja el paro en 1.200 personas en Castilla y León durante el segundo trimestre

La paralización económica de España durante la declaración del estado de alarma entre mediados de marzo y finales de junio no ha impedido que baje el paro en ese periodo en Castilla y León en 1.200 personas, el 0,92 por ciento menos que en primer trimestre, frente al 1,66 por ciento de repunte nacional, que deja en 130.700 los desempleados, y una tasa de paro del 12,35 por ciento, 0,27 puntos menos que entre enero y marzo.

Respecto al mismo trimestre del 2019, la Comunidad redujo el paro también en 1.200 personas, el -0,90 por ciento, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, esta situación provocó la destrucción de 57.200 empleos en el segundo trimestre del año, con un descenso del 5,8 por ciento en la ocupación en la Autonomía, en la línea del descenso del 5,46 por ciento registrado en el conjunto del país, donde se perdieron 1,07 millones de empleos. Así, hay 62.600 ocupados menos que hace un año en Castilla y León, el -6,32 por ciento (-6,05 nacional).

Hay que tener en cuenta, según precisa el INE, que esa cifra de ocupados no incluye a los afectados por un ERTE que según la metodología de la OIT que se aplica en la EPA se consideran ocupados.

La bajada de la ocupación fue general en todas las comunidades autónomas, excepto en Illes Balears. Los mayores descensos los anotaron Cataluña (–223.700), Andalucía (–198.100) y Comunidad de Madrid (–184.400).

También cayeron los activos en Castilla y León en el segundo trimestre del año respecto al primero, con 58.400 personas menos en búsqueda de empleo, el -5,23 por ciento, frente al -4,43 nacional.

De acuerdo a la EPA del segundo trimestre, la Comunidad cierra junio con una tasa de paro del 12,35 por ciento, la sexta menor del conjunto autonómico, que lideró el País Vasco, con el 9,13, seguida de Navarra con el 10,11; con el 21,55 de Canarias, el 21,39 de Extremadura y el 21,32 de Andalucía en el extremo contrario.

Al término del segundo trimestre, Castilla y León tenía 67.600 hombres en el paro, con una tasa de desempleo del 11,60 (14,13 nacional), y 63.100 mujeres, una tasa del 13,27 (16,72).

En cuanto a la tasa de actividad se situó a finales de junio en el 51,84 por ciento, frente al 55,54 nacional, la cuarta más baja del conjunto autonómico sólo por detrás de Asturias, Galicia y Cantabria, frente al 60,48 de Madrid. La tasa de actividad masculina se situó en el 59,92 en Castilla y León, 63,63 en España, y la femenina en el 49,54, frente al 53,03 de media nacional.

Reacciones

Las reacciones no se han hecho esperar. Tanto es así que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha calificado de “especialmente negativos” y “unos datos malos” las últimas cifras del desempleo en la Comunidad, hasta el punto que se podría afirmar que el impacto primero de esta crisis por la Copvid-19 es más intenso y grave que la de 2008. ”Prácticamente en este periodo de 2020 habríamos perdido casi todo el empleo que fuimos capaces de generar en los últimos siete años en nuestra Comunidad, desde el año 2013″, ha resaltado.

Por su parte, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) considera que “el avance hacia la necesaria normalidad económica, laboral y social va a precisar de mayores esfuerzos y recursos orientados a la adopción de políticas para garantizar que la economía de la Comunidad se recupere de forma decidida, con los efectos positivos que ello implicará para el mercado laboral”.

La patronal insiste en que medidas como el aplazamiento de impuestos y pagos, y una adecuada y ágil llegada de liquidez a las empresas, actuando sobre las líneas financieras ICO e Iberaval, junto con la prórroga de los ERTEs más allá del mes de septiembre, son “elementos clave” para garantizar la supervivencia de los sectores más golpeados, de sus empresas y sus plantillas hasta la recuperación total de su actividad.

Mientras, el sindicato UGT considera “imprescindible” para reconstruir Castilla y León aplicar medidas económicas y laborales que protejan a las personas que han perdido el empleo, a las que siguen sin poder acceder a uno o se han visto afectados por una reducción de ingresos.