La Junta apoya los criterios acordados en el Consejo Interterritorial de Salud para establecer restricciones

Castilla y León se ha unido esta tarde, en reunión telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a las nuevas medidas que el Ministerio de Sanidad ha propuesto para su inclusión entre las acciones que conforman la Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por la COVID-19.

Unas medidas suponen la adopción de estándares mínimos para el conjunto español con el objetivo de minimizar el riesgo de expansión de situaciones epidemiológicas graves entre territorios, no sólo en cada CC.AA. sino también entre comunidades.

La asunción de estas acciones responde a la necesaria coordinación, en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, de actuaciones de control homogéneas, suficientes y efectivas que eviten que una evolución extrema de la pandemia en una zona del territorio español pueda tener efectos negativos en otro territorio.

Por ello y sin perder de vista la necesaria implementación de medidas preventivas y de contención social con independencia del tamaño de las poblaciones, el Ministerio de Sanidad ha propuesto actuaciones con especial atención para con núcleos de población importantes, por encima de los 100.000 habitantes, que se incorporan a la Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por la COVID-19.

La propuesta ministerial expresa, como criterios generales para la toma de decisiones en esos municipios con importante peso demográfico, una incidencia de 500 casos de la COVID-19 o más por cada 100.000 habitantes; un 10% de positividad respecto al número de test PCR realizados; y un rango de ocupación UCI por encima del 35 %.

En este sentido, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado Vicente, ha reiterado la necesidad de disponer de mecanismos especiales de intervención que, adoptando criterios epidemiológicos y recursos administrativos y jurídicos, faciliten asimismo una respuesta rápida y efectiva para controlar contagios en municipios por debajo de esa población.

Para la responsable sanitaria castellana y leonesa, el documento ahora aprobado es un texto de mínimos que queda abierto a introducir nuevos indicadores que faciliten una unidad de acción y criterios comunes.

Castilla y León ha trasladado al Ministerio ya sus propuestas en este sentido, basadas en las aportaciones del comité autonómico de expertos que asesora al Gobierno de la Comunidad en la gestión de la pandemia por la COVID-19.

Verónica Casado ha insistido, durante el Interterritorial de hoy, en la necesidad de contar con niveles epidemiológicos identificables, con indicadores y estándares bien definidos que permitan, para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, pasar de un nivel a otro, con las correspondientes actuaciones, cuando así sea necesario para la contención de la pandemia también en municipios con poblaciones por debajo de los 100.000 habitantes.

La nueva Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por la COVID-19, con la incorporación de los nuevos criterios aprobados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, se estructura a través once medidas de control y respuesta y dos recomendaciones, con el fin de controlar la expansión de la enfermedad y reducir la presión asistencial sobre el sistema sanitario.

Entre los aspectos en los que inciden estas actuaciones coordinadas, en lo referido a la limitación del contacto social entre personas que residen en diferentes municipios, al tratarse de una medida de urgencia para romper la cadena de transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y su expansión, se pretende disminuir la probabilidad de transmisión entre zonas con distinta situación epidemiológica.

Por otra parte, sobre la reducción a seis personas de la participación en grupos sociales, salvo entre convivientes, la evidencia empírica referida al ámbito de ocurrencia de los brotes existentes señala que, en su mayoría, éstos tienen un carácter social, relacionado con reuniones familiares y amigos; en este sentido, esta medida pretende disminuir esta interacción en personas no convivientes.

La limitación de aforos en distintos ámbitos y sectores pretende garantizar un distanciamiento interpersonal en los espacios en los que se concurra, siendo esta medida una de las más eficaces para evitar la transmisión, junto con la higiene de manos y el uso de la mascarilla.

El horario de cierre de establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público forma parte también de las medidas preventivas de contención incorporadas  a las actuaciones coordinadas y persigue reducir el riesgo de transmisión, evitando o limitando la posibilidad de contagio en contextos y situaciones sociales que han demostrado ser importantes focos de transmisión.

La nueva redacción de la Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por la COVID-19 valora como indispensables para afrontar la actual situación de urgencia las capacidades para la detección precoz y del control de la enfermedad, así como las asistenciales en el ámbito de la atención sanitaria.

Para ello, estas capacidades implementan una estructura sólida que dé respuesta a escenarios de mayor transmisión, capaz de intervenir precozmente ante casos y sus contactos, desde la coordinación entre los diferentes sectores y que garantice recursos humanos sanitarios y sociales junto a otros dispositivos, hoteleros o de estancia, para personas que no dispongan de medios materiales válidos, proporcionando una respuesta adecuada que contribuya al control de la transmisión pandémica.

Se trata de mantener un control suficiente de la transmisión del SARS-CoV-2 en el conjunto del territorio nacional que evite la necesidad de adoptar restricciones de mayor impacto, con el consiguiente efecto negativo en la sociedad y la economía del país.