Nuevos avances para “facilitar la vida” a los castellanos y leoneses

El Gobierno Fernández Mañueco aprueba la modificación de la Ley de la Renta de Ciudadanía para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital y refuerza su apuesta por la gratuidad del servicio de teleasistencia avanzada

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, explica los acuerdos del Consejo de GobiernoWellington Dos Santos Pereira

“Facilitar la vida a los castellanos y leoneses”. Éste es el objetivo del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco. Y para avanzar en esa finalidad, durante su reunión semanal, dio luz verde a dos ambiciosos acuerdos que presentó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

El primero de ellos es la aprobación de la modificación de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para que esta prestación de la Comunidad sea compatible con la recepción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobada por el Gobierno de la nación durante la pandemia de la Covid-19.

Isabel Blanco explicó que la finalidad del IMV consistió en dar solución a los problemas de las familias más necesitadas, lo que no está ocurriendo así en su totalidad, ya que hay familias beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía que cobran menos con el Ingreso Mínimo vital.

En este sentido, señaló que, en total, 36.908 familias han solicitado el IMV con datos disponibles hasta el 16 de octubre, una cantidad de las que 6.888 son beneficiarios, a 5.588 les fue denegada, 9.026 fueron inadmitidas y el resto aún está por tramitar. La consejera aclaró que 3.004 personas son perceptoras de la RGC, ha insistido en que hay familias beneficiarias de esta renta que cobran menos con el IMV y subrayó que, para suplir esa diferencia, la Junta ha aprobado subvenciones para 459 familias por 340.000 euros.

Isabel Blanco indicó que con este anteproyecto, que se remitirá a las Cortes regionales, garantiza por Ley que los perceptores de IMV cobren como mínimo lo mismo que percibían hasta el momento con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Servicio de Teleasistencia Avanzada

El segundo va encaminado a reafirmar la apuesta de la Junta por la gratuidad del Servicio de Teleasistencia Avanzada a todos los usuarios y establecer un contrato único para reorganizar la prestación. Al respecto, la responsable regional de la cartera de Familia e Igualdad de Oportunidades informó de que la Junta trabaja ya en la implantación de una nueva e innovadora plataforma, capaz de integrar la atención social y sanitaria.

Isabel Blanco afirmó que esta herramienta tecnológica de atención permitirá prestar servicios más personalizados, con un modelo de datos centrado en la persona, en sus decisiones y preferencias, y en sus necesidades individuales, incorporando para ello soluciones innovadoras a través de las nuevas tecnologías.

Asimismo, indicó que todo ello permitirá mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas, favorecerá la coordinación con otros servicios públicos sociales y sanitarios y permitirá detectar mejor los problemas o emergencias de los usuarios, mediante aparatos tecnológicos instalados en el domicilio como sensores de presencia, detectores de humos o de caídas.

Castilla y León ha sido la primera Comunidad en regular la prestación de teleasistencia avanzada, un servicio que ha evolucionado y que hoy ofrece muchas más oportunidades de atención a personas vulnerables que residen en su domicilio, definiendo servicios integrales que aseguran la continuidad asistencial, a través de la puesta en marcha de procesos transversales focalizados en la gestión de casos, implantando modelos de atención integrales, integrados, preventivos, proactivos, personalizados y predictivos, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para complementar la atención presencial con la no presencial.

Asimismo, la Junta de Castilla y León trabaja en la eliminación de la aportación del usuario y en prestar el servicio de forma gratuita para los usuarios, con el objetivo de que puedan beneficiarse de los servicios que ofrece esta prestación todas las personas que lo necesiten.

Además, se establecerá un contrato único que permitirá reorganizar las infraestructuras de prestación del servicio de teleasistencia integrando recursos, optimizar costes al aplicar la economía de escala, consiguiéndose extender la prestación del servicio a más usuarios con costes menos elevados, la homogeneización de los contenidos del servicio de teleasistencia en todo el territorio y para todos los ciudadanos, integrar el servicio de teleasistencia con el resto de prestaciones en la historia social única de la persona y garantizar a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento de la atención que reciben a través de la teleasistencia avanzada.

En el año 2019, las personas atendidas con este servicio en Castilla y León han sido 26.000. De ellas, 14.000 son personas que tienen reconocido algún grado de dependencia.