
Economía
El 35% de los socios de Iberaval repite operación con la sociedad de garantía
Unas 14.000 empresas y autónomos activos han concretado más de una financiación con la entidad que preside César Pontvianne

El 35 por ciento de los socios de Iberaval ha formalizado más de una operación durante su trayectoria con la sociedad de garantía (SGR). En términos absolutos, y tomando como referencia los más de 40.000 asociados con los que cuenta la entidad en la actualidad, esta ratio equivaldría a unas 14.000 empresas y autónomos que han recurrido de manera continuada a Iberaval para obtener respaldo financiero en sus proyectos empresariales. La sociedad, que preside César Pontvianne, considera ese dato como «un excelente indicador de fidelidad» en su operativa.
Ese análisis interno añade un segundo dato que refuerza esa concurrencia: de media, cada socio ha formalizado seis operaciones con Iberaval.
La entidad estima que este comportamiento refleja un uso continuado de sus herramientas de apoyo a pymes y autónomos en su acceso al crédito, una función que constituye el núcleo de actividad de una SGR.
Indicador de confianza en la operativa
Precisamente, este nivel de repetición ha sido uno de los asuntos abordados en el primer consejo de administración de 2026, celebrado hoy, una sesión que ha servido para formular las cuentas anuales de la compañía.
En esa sesión se ha puesto el foco en la continuidad de las relaciones con los socios, un factor que, a juicio de Iberaval, se explica por atributos vinculados a la demanda más habitual de pymes y autónomos: precio competitivo, agilidad, marca, acceso a financiación, atención personalizada y compromiso sostenible.
El presidente de Iberaval, César Pontvianne, ha incidido en que «éste es un excelente indicador de fidelidad, y, además, un elemento consustancial a esta sociedad se sitúa en aportar utilidad a las pymes en su camino de acceso al crédito, y que haya tantísimas empresas que acudan a nosotros cuando necesitan un respaldo financiero, corrobora nuestro propósito que se resume en esa máxima que es el Compromiso Iberaval».
Iberaval, según ha avanzado Pontvianne, prevé presentar sus resultados en un mes y ha trasladado, asimismo, que durante 2025, si bien ya ha avanzado que ha vuelto a situarse en primera posición en los principales parámetros de medición de la actividad dentro del sistema nacional de garantías, integrado por otras 16 entidades tras la integración en la entidad de origen castellano y leonés de la cántabra Sogarca. Ese sistema nacional cuenta con el respaldo de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo.
Cantabria y el despliegue territorial
El consejo ha sido informado igualmente de los primeros pasos de la delegación de Iberaval en Cantabria, inaugurada el pasado 26 de enero por la presidenta de esa comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga. Esta nueva oficina ya está completando sus primeras operaciones de financiación con empresas, autónomos y emprendedores y ha mantenido diferentes tomas de contacto con instituciones y banca de la zona.
La sociedad de garantía cuenta con la práctica totalidad de las entidades financieras como socios protectores para canalizar su financiación y mantiene acuerdos de colaboración con organismos públicos.
Entre ellos figuran el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL) de Castilla y León, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) -perteneciente al Gobierno de esa comunidad autónoma- y el Instituto para la Promoción Económica (IGAPE), dependiente de la Xunta de Galicia.
Colaboración Público-Privada
Iberaval forma parte del perímetro de apoyo a las empresas de la Junta de Castilla y León y opera con productos bonificados dirigidos a pymes, como los incluidos en ICECYL Financia, además de un Instrumento Financiero de contragarantía para la Competitividad Empresarial.
Este instrumento busca canalizar recursos públicos para facilitar financiación a pymes, autónomos y midcaps, con una dotación de 30 millones de euros, un límite por operación de 2,5 millones de euros y una previsión de préstamo medio avalado en torno a 160.000 euros, según los cálculos de la Junta de Castilla y León.
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