La Generalitat concede el tercer grado a los nueve presos del “procés”

Acepta la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas, que pidieron la semilibertad para los dirigentes independentistas

La Generalitat ha concedido el tercer grado a los nueve presos del “procés” al aceptar la propuesta de las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas -Lledoners, Puig de les Basses y Wad Rass- en las que cumplen condena los nueve dirigentes para que alcancen el régimen de semilibertad, cuya última decisión recae en el tribunal sentenciador, en su caso el Supremo.

Según ha informado la Conselleria de Justicia a través de un comunicado este mediodía, el equipo del Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat ha ratificado la propuesta del pasado 2 de julio de las juntas de tratamiento para conceder el tercer grado a los nueve presos, a quienes ya se les ha comunicado su nueva situación.

Con este nuevo grado, el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart podrán salir durante el día, estar en casa el fin de semana y sólo ir a dormir a la cárcel entre semana.

“Ahora, las juntas de tratamiento de cada uno de los centros penitenciarios establecerán las fechas a partir de las que se aplicarán los terceros grados, los horarios concretos y, en su caso, los cambios en las actividades que desarrollan fuera de los centros penitenciarios”, señala el comunicado difundido por la consejería de Justicia, en manos de Esquerra.

Una vez fijadas estas condiciones, las cárceles catalanas deberán trasladar las resoluciones del tercer grado a la Fiscalía, que las puede recurrir ante el juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente. Pese a este recurso, la semilibertad se aplica hasta que se resuelva. Entonces y en caso de que la decisión sea avalada por el juez, la Fiscalía puede recurrir al Supremo.