Foment arremete contra la ley catalana para regular el precio de los alquileres

Está incluida en el orden del día del pleno del próximo miércoles en el Parlament

Foment del Treball ha expresado este domingo su rotunda oposición a que el Parlament pueda aprobar una proposición de ley de regulación de los alquileres que la principal patronal catalana considera “anticonstitucional y antiestatutaria”. En un comunicado, Foment ha alertado de que si esta proposición, incluida en el orden del día del pleno del próximo 9 de septiembre, acaba aprobándose, “hundirá a medio plazo” el mercado del alquiler y tendrá efectos “contraproducentes” más que beneficios.

Esta proposición de ley pretende congelar las rentas de los nuevos contratos de alquiler y rebajar el precio medio de las renovaciones, y cuenta con el aval de JxCat, ERC, de los comunes y de la CUP.

Foment asegura que “no se puede admitir que la inacción de determinadas fuerzas políticas perjudique al parque de viviendas privado de alquiler”, y sentencia: “No todo vale, ni los fines justifican los medios. Democracia y Estado de derecho van de la mano”.

La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre denuncia que la proposición de ley no ha pasado por el trámite parlamentario habitual - de ponencia y comisión-, sino que se ha tramitado en lectura única, y recuerda que el Consejo de Garantías Estatutarias detectó vulneraciones en la Constitución y en el Estatut en 18 puntos de esta proposición.

Foment advierte de que si la ley entra en vigor se reducirá la oferta de viviendas en alquiler y “las limitaciones de precios harán que la oferta sea más pequeña”. Además, la patronal argumenta que “una parte significativa” de las viviendas de alquiler en Cataluña corresponden a particulares que verán afectada la renta de sus inmuebles, y que “el patrimonio inmobiliario de los catalanes reducirá su valor”.

Otro argumento que expone Foment es que las restricciones al rendimiento en algún tipo de activo “harán que los inversores busquen otros activos o bien otras localidades”, sostiene la patronal, en referencia a que esta ley se aplicaría en 60 municipios de más de 20.000 habitantes que han registrado importantes incrementos en los precios del alquiler.