Junqueras podría participar casi toda la campaña si las elecciones son el 14-F

El 30 de enero podrá pedir permisos penitenciarios al haber cumplido una cuarta parte de la condena

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, podría participar en prácticamente toda la campaña electoral si las elecciones catalanas finalmente cayesen el domingo 14 de febrero, ya que a partir del 30 de enero podrá obtener permisos penitenciarios, hasta un máximo de 36 días al año.

Desde que el Tribunal Supremo confirmó la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat el pasado lunes, en JxCat y ERC barajaban la fecha del 7 de febrero como la más probable para la convocatoria automática de elecciones si no hay antes investidura.

Sin embargo, el presidente del Parlament, Roger Torrent, uno de los pesos pesados de ERC, ha dado por hecho este viernes que las elecciones serán el domingo 14 de febrero si no hay antes una investidura y vencen todos los plazos que conducirán a una convocatoria automática.

Si los comicios fuesen el 14 de febrero, la campaña electoral arrancaría el viernes 29 de enero y se alargaría hasta el viernes 12 de febrero. En este caso, ERC podrá contar probablemente con Junqueras, preso en la cárcel de Lledoners (Barcelona), donde cumple una condena de 13 años, pero que a partir del próximo 30 de enero podrá ya obtener permisos penitenciarios, al haber cumplido una cuarta parte de la condena, han señalado fuentes jurídicas consultadas por Efe.

Los permisos de hasta dos días que Junqueras solicite deberán ser aprobados por el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia de la Generalitat, previo informe de la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners, mientras que las salidas de entre tres y siete días requieren el aval del juzgado de vigilancia penitenciaria.

Por su parte, el exconseller Josep Rull, también preso en Lledoners, ya puede obtener desde este viernes permisos penitenciarios al cumplir una cuarta parte de la condena de diez años y medio que le impuso el Tribunal Supremo por su papel en el “procés”.