Esquerra pide la dimisión de la alcaldesa socialista de L’Hospitalet, Núria Marín

La oposición no ha esperado a las explicaciones de Núria Marín y se ha lanzado a la carga contra la alcaldesa socialista de L’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, que hoy ha declarado ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional como investigada por presuntos delitos de malversación y omisión del deber de perseguir delitos en el caso del Consell Esportiu de la localidad del área metropolitana. Así, Esquerra ha pedido ya la dimisión de Marín.

Los republicanos han asegurado que la Diputación de Barcelona, tercera institución más importante de Cataluña, “debe estar limpia” y se han dirigido a JxCat para que rompan el pacto que tienen con el PSC y que tanto revuelo generó cuando se selló tras las elecciones municipales del año pasado. “¿Qué piensan hacer los socios de Marín en la Diputación, JxCat?”, se ha preguntado el portavoz de ERC en la Diputación, Dionís Guiteras. Además, ha planteado abrir una ronda de contactos con el resto de grupos para darle la vuelta a la situación.

También Ciudadanos ha cargado contra el PSC. El candidato naranja a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha asegurado que este caso deja al PSC “inhabilitado” para el escenario postelectoral. “La corrupción no es solo patrimonio del separatismo: el bipartidismo lleva décadas lucrándose con dinero de todos. Núria Marín es presidenta de los socialistas catalanes. El PSC está inhabilitado para abrir una nueva etapa de convivencia y regeneración”, ha afirmado Carrizosa.

El PSC, partido que preside Marín -Miquel Iceta es primer secretario-, ha mostrado su “total confianza” en la alcaldesa de L’Hospitalet y ha pedido “respetar la presunción de inocencia de todos los implicados”. “Máxima colaboración con la justicia para aclarar los hechos lo más pronto posible”, han expresado los socialistas en un tweet.

El caso, que estalló en junio con la detención de dos concejales del PSC, acumula ya una quincena de imputados -principalmente trabajadores del Consell Esportiu de L’Hospitalet-. La investigación, dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad, nació de una denuncia de un concejal del PSC (Jaume Graells) y tiene en el punto de mira el desvío de subvenciones públicas para fines particulares -en torno a medio millón de euros-.