Opinión

¿Hasta cuándo?
Javier Ruiz Pérez

El día 4 de diciembre de 2018 venció el mandato constitucional de cinco años de los vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos en 2013. Sin entrar en consideraciones sobre quién o cómo deben ser elegidos los nuevos miembros del Consejo, lo cierto es que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberían haber sido elegidos para esa fecha; por el contrario, el órgano de gobierno de los jueces no ha sido renovado. En este período hemos podido contemplar todo tipo de fenómenos, que no por esperados y conocidos son menos lamentables: oscuras negociaciones entre partidos políticos, filtraciones interesadas, mensajes de móvil inconvenientes, renuncias, vetos a los candidatos en todas las direcciones y desde todas las procedencias, anuncios de acuerdo inminente, suspensiones de las negociaciones por procesos electorales, reformas legales salvajes e, incluso, advertencias desde la Unión Europea. Sin embargo, más de 1.200 días y una pandemia después, la composición del Consejo sigue siendo la misma que en diciembre de 2018 y, además, sus competencias más importantes en materia de nombramientos han sido cercenadas por una reciente Ley que ha dispuesto que cuando el órgano se encuentra pendiente de renovación no puede ejercer muchas de sus funciones.

La responsabilidad de este dislate no corresponde a los jueces, quienes paradójicamente no tienen casi ninguna intervención en el proceso de renovación del órgano que los gobierna y debe garantizar su independencia. Los miembros del Poder Judicial únicamente forman una lista de candidatos, bien a través de sus asociaciones profesionales, bien a través de avales individuales, que es enviada a las Cortes Generales para que las Cámaras elijan doce candidatos, seis cada una, por mayoría de tres quintos. La lista fue enviada al Congreso y al Senado antes de la expiración del mandato, pero los partidos políticos no han sido capaces de llegar a un acuerdo en la elección de los nombres, por lo que es evidente quiénes son los culpables del desaguisado.

Las consecuencias de este desastre institucional no las sufren sus responsables, sino quienes cumplieron su misión asignada por la Ley elaborando la lista de candidatos (los jueces y magistrados) y quienes no tienen ningún papel en el proceso (los ciudadanos). Los primeros han sido responsabilizados del bloqueo y el Legislativo,

inducido por el Ejecutivo, les ha castigado limitando las funciones del Consejo; esta situación impide que sean renovados numerosos cargos de la Judicatura de gran importancia y que no solo tienen funciones administrativas o gubernativas, ya que afecta de lleno a las Salas del Tribunal Supremo. Los ciudadanos también sufren las consecuencias de esta situación: por un lado, al no poder ser cubiertas las vacantes en el Tribunal Supremo, sus procedimientos se retrasarán en la instancia más elevada; por otro lado, se da una penosa imagen al exterior, lo que tiene un indudable efecto en la fiabilidad y seguridad jurídica que nuestro país puede ofrecer.

¿Cuáles pueden ser las soluciones? Para esta ocasión es absolutamente necesario que los partidos políticos negocien hasta llegar a un acuerdo para la renovación, ahora que parece que no habrá procesos electorales a corto plazo. Los políticos deben ser conscientes de lo crítico del momento y de que la situación no puede prolongarse más, no siendo posible en la actualidad encerrarlos en una sala sin tejado y con dieta de pan y agua como hicieron en 1268 los ciudadanos de Viterbo cuando los menos de 20 cardenales de la época llevaban más de 3 años tratando de elegir al nuevo papa, aunque quizá fuera la única solución útil. No obstante, a largo plazo es indispensable reformar todo el sistema, ya que no parece que la designación de los vocales por las Cámaras sea garantía ni de rapidez ni de despolitización del proceso de elección, debiendo seguirse lo que pensó la Constitución para el Consejo: 12 miembros elegidos entre y por jueces y magistrados y 8 miembros nombrados por las Cortes Generales, como siempre han defendido la mayoría de las asociaciones judiciales.

Javier Ruiz Pérez es Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura