El Govern de Esquerra sigue con su relato en Cataluña y urge a convocar ya la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez para exhibir el botín de la reforma del Código Penal ante el independentismo y pedir más concesiones en este sentido. «La desjudicialización tiene muchos pasos y hace falta seguir avanzando», resumió la «número dos» y vicepresidenta del Ejecutivo, Laura Vilagrà.

Los republicanos no tienen suficiente con la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación y exigen más gestos a la Moncloa en este arranque de año. «No es suficiente y que hay que seguir avanzando», insistió Vilagrà sin concretar más sobre los efectos de una «amnistía encubierta», el objetivo de máximos que busca Esquerra en esta primera fase de la negociación.

La vista sigue puesta en la treintena de altos cargos independentistas encausados, huidos o condenados por el «procés». Y la primera acusación con la nueva reforma del Código Penal ya aprobada podría ser la que afecta a dos pesos pesados del partido de Oriol Junqueras: al diputado de ERC Josep Maria Jové, y al presidente del Puerto de Barcelona Lluís Salvadó, ambos acusados de preparar el referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017 y procesados por desobediencia, prevaricación y malversación. Ahora queda pendiente el escrito de la Fiscalía y las correspondientes peticiones de penas, que llegarán con la reforma validada.

Sobre la fecha para convocar el foro con el Gobierno, Vilagrà no quiso entrar en un debate sobre el calendario y pidió esperar a ver «los eventos de los próximos días». Eso sí, en la Generalitat no ha sentado demasiado bien que se haya dilatado de nuevo un encuentro que debería haberse producido a finales de 2022, como se acordó en la última cita y tras el deshielo de la crisis provocada por el «caso Pegasus». La propia Laura Vilagrà afeó al Gobierno de Sánchez su poca «voluntad política» para fijar el encuentro y urgió a hacerlo «lo antes posible».

Una vez superada la pantalla de la «desjudicialización», ERC quiere centrar 2023 en preparar y pedir abiertamente un referéndum acordado de independencia en la mesa de diálogo. De hecho, Pere Aragonès tiene previsto usar el foco de la Generalitat para impulsar un debate, «una gran conversación con el conjunto de la sociedad» con el objetivo de «visualizar un acuerdo sobre cuándo Cataluña debe poder volver a ejercer el derecho a decidir, sobre en qué condiciones se debe volver a votar para que esta vez todas las partes se sientan incluidas y todo el mundo acepte el resultado», según desgranó en su discurso navideño.

Es decir, ERC busca preparar otro referéndum a lo largo de este año, un curso especialmente agitado por las elecciones municipales de primavera y con el Ejecutivo de Aragonès en clara minoría al tener 33 escaños.

En este sentido, el último sábado de este mes de enero –el día 28– Esquerra celebrará la segunda parte de su Congreso Nacional en el que votará una nueva ponencia política. Una hoja de ruta para los próximos cuatro años en la que incluye negociar otro 1-O para declarar una hipotética independencia con el 55% de los votos.