Cataluña encadena dos años de descenso sostenido de la delincuencia, según todos los datos. Los datos reflejan una tendencia a la baja tanto en el conjunto del territorio como en Barcelona y en numerosos municipios del área metropolitana. Buena parte de esta evolución se atribuye al giro en materia de seguridad impulsado por el Govern del PSC, que ha situado la lucha contra la multirreincidencia como una prioridad política y policial.

El Plan Kanpai, diseñado específicamente para combatir a los delincuentes habituales, ha reforzado la coordinación entre Mossos d’Esquadra, policías locales y judicatura, intensificando la presión sobre quienes acumulan decenas de detenciones por hurtos y robos. El resultado ha sido una reducción progresiva de los delitos contra el patrimonio y una mayor presencia policial en puntos calientes, especialmente en el entorno metropolitano de Barcelona.

Sin embargo, la multirreincidencia sigue siendo la gran asignatura pendiente. En noviembre, los Mossos d’Esquadra tenían identificados a unos 4.000 delincuentes multirreincidentes en Cataluña. Muchos de ellos acumulan tres o más condenas firmes y decenas de antecedentes. La policía los detiene de forma reiterada, pero el marco legal vigente hasta ahora hacía que, en numerosos casos, quedaran en libertad poco después. Aunque algunos son expulsados de España, otros regresan a la calle y reinciden.

Ley de Junts

Esta sensación de impunidad ha alimentado el malestar social en barrios especialmente castigados por los hurtos, como el centro de Barcelona o determinadas zonas del arco metropolitano. En este contexto, formaciones como Aliança Catalana han experimentado un notable crecimiento, capitalizando el discurso de mano dura contra la delincuencia. Junts per Catalunya, por su parte, ha endurecido su perfil en materia de seguridad y decidió hace dos años dar un paso al frente registrando en el Congreso una proposición de ley para combatir la multirreincidencia.

La iniciativa quedó bloqueada durante más de un año en la Cámara Baja. Registrada en marzo de 2024, fue prorrogando sucesivamente sus plazos parlamentarios ante la oposición de los socios más a la izquierda del Gobierno de Pedro Sánchez. El desbloqueo llegó este otoño, después de que Junts anunciara la ruptura con el Ejecutivo central y diera por “bloqueada” la legislatura. El PNV ejerció de mediador y reclamó al PSOE que reactivara una norma que, además, figuraba entre los compromisos adquiridos por los socialistas con los posconvergentes en Suiza.

Finalmente, la Comisión de Justicia dio luz verde al texto antes de Navidad con el apoyo de Junts, PP y PSOE. En contra votaron Sumar, EH Bildu, BNG y Podemos, mientras que Esquerra Republicana optó por la abstención. Este jueves, el pleno del Congreso aprobará previsiblemente la ley gracias a un bloque poco habitual: Junts, PP, PSOE, Vox y PNV sumarán sus votos para sacar adelante una reforma que endurece el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿Qué cambios introduce la norma?

El eje central es el endurecimiento de las penas para los delincuentes que acumulen múltiples condenas por delitos contra el patrimonio. Entre las principales novedades figura la tipificación específica del robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con datos personales. Hasta ahora, muchos de estos hurtos —los más habituales en Cataluña— se castigaban con multas. Con la reforma, podrán conllevar penas de prisión de entre uno y tres años.

Además, cuando un ladrón multirreincidente tenga tres condenas firmes previas por delitos menos graves de hurto o robo, el juez podrá imponer pena de prisión con independencia de que el valor de lo sustraído supere o no los 400 euros. Es decir, se rompe el umbral económico que hasta ahora marcaba la diferencia entre multa y cárcel. La ley también contempla la posibilidad de prohibir a los multirreincidentes acudir a determinados lugares, una herramienta pensada para proteger zonas comerciales o barrios especialmente afectados.

Otra novedad relevante es que los ayuntamientos podrán personarse como acusación en los procesos contra multirreincidentes. Esta medida responde a una reclamación histórica de los alcaldes metropolitanos, que han pedido más instrumentos legales para hacer frente a un fenómeno que impacta directamente en la convivencia y la actividad económica local.

Impacto político

La votación de este jueves contará con una amplia representación municipal en la tribuna del Congreso. Por parte de Junts, asistirán alcaldes como Marc Buch (Calella), Òscar Fernández (Cabrera de Mar), Arnau Rovira (Manlleu), Xavier Fonollosa (Martorell) o Marc Castells (Igualada), entre otros cargos locales que habían presionado a la dirección del partido para endurecer la legislación. También dirigentes municipales del PSC, como la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, habían mostrado su respaldo a la reforma, aunque algunos desplazamientos se vieron alterados por el temporal de viento en Cataluña.

Para el Govern catalán, la nueva ley complementa el trabajo policial desarrollado en los últimos dos años. El mensaje es claro: la presión policial debe ir acompañada de consecuencias penales efectivas. Desde el entorno socialista subrayan que el Plan Kanpai ha demostrado que cuando se actúa con determinación los delitos bajan, pero admiten que sin cambios legislativos el esfuerzo policial pierde eficacia frente a quienes convierten el hurto en un modo de vida.

Tras su aprobación en el Congreso, la proposición de ley continuará su tramitación en el Senado y la previsión es que pueda entrar en vigor antes del verano. Junts confía en que este desbloqueo facilite también la activación de otra iniciativa pactada con el PSOE y aún pendiente: una ley contra las ocupaciones que permitiría desalojar en 48 horas a quienes no acrediten contrato o título de propiedad, una propuesta elaborada con el asesoramiento del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona y también respaldada por alcaldes metropolitanos del PSC.