Cataluña lleva más de tres años sin nuevos presupuestos. Fue el 10 de marzo de 2023 cuando el Parlament dio luz verde a las últimas cuentas, durante el mandato de Pere Aragonès. Desde entonces, la administración funciona con prórrogas, superando así el periodo más largo sin nuevas cuentas, que se produjo entre 2017 —cuando Carles Puigdemont aprobó sus presupuestos— y abril de 2020, cuando Quim Torra logró sacar adelante los de la pandemia tras la crisis institucional derivada de la aplicación del artículo 155.

No obstante, esta situación no es nueva. Si se analiza con perspectiva, Cataluña solo ha aprobado presupuestos en cuatro ocasiones en los últimos trece años. Esto contrasta con las décadas posteriores a la Transición, cuando los gobiernos de Jordi Pujol, con mayorías absolutas o apoyos sólidos, lograban sacar adelante sus cuentas con regularidad. La dinámica comenzó a cambiar a partir de la crisis política de la década pasada. Desde 2013, se han sucedido las prórrogas y la inestabilidad. Contando 2026, el Govern solo ha aprobado presupuestos en 2017, 2020, 2022 y 2023.

Esto se explica porque durante el procés (2010-2020) Cataluña dejó de estar dividida en el eje ideológico de izquierda-derecha y pasó a estarlo por el nacional de independentistas y no independentistas. Fue una etapa marcada por alianzas atípicas como la de CiU y ERC en Junts pel Sí, el ascenso de la CUP, el referéndum ilegal de 2017, la aplicación del artículo 155, la salida al extranjero de varios líderes independentistas y la inhabilitación de Quim Torra en 2020. Fue una década en la que Cataluña, tradicional motor económico de España, perdió dinamismo empresarial y descuidó áreas clave del estado del bienestar —sanidad, educación o infraestructuras— al priorizar el intento de secesión y la proyección internacional del conflicto.

Illa: de la esperanza al naufragio

En verano de 2024, el PSC de Salvador Illa logró articular una mayoría frágil junto a los Comuns y ERC, convirtiéndose en el primer presidente no independentista desde 2010. Como señaló incluso Alejandro Fernández, líder del PP catalán, el catalán moderado recibió el cambio con alivio. Illa llegó defendiendo que el procés había supuesto «una década perdida» y prometió abrir una nueva etapa centrada en la convivencia, la estabilidad institucional, la recuperación económica y la buena gestión.

En sus primeros meses, trató de materializar ese discurso: reforzó la relación con la patronal, se reunió con el Rey, recuperó la presencia institucional de la Generalitat —por ejemplo, en el desfile del 12 de Octubre en Madrid— y anunció su intención de reactivar proyectos paralizados, como la construcción de viviendas, la ampliación del aeropuerto o el complejo Hard Rock en Tarragona. También impulsó un plan contra la criminalidad que ha dado resultados y contribuyó a mejorar el clima económico, favoreciendo el retorno de algunas empresas.

Sin embargo, el mismo pacto que facilitó su investidura se ha convertido en su principal obstáculo. La dependencia del PSC respecto a ERC y los Comuns ha derivado en un aumento de las exigencias de sus socios. Por un lado, los Comuns han empujado a Illa hacia políticas de vivienda que la patronal ha tachado de “filocomunistas”, como la regulación de los alquileres de temporada, las limitaciones a la compra de vivienda o la creación de un régimen sancionador para propietarios. Por otro, ERC ha condicionado su apoyo presupuestario a que Cataluña pueda recaudar el IRPF, una demanda compleja que no depende del Govern. Como consecuencia, Illa lleva casi dos años en el cargo, ha tenido que prorrogar dos veces las cuentas y sigue gobernando con los presupuestos de 2023.

Crisis sectoriales

A la parálisis política se le suma un creciente malestar social. Sectores clave como la educación o la sanidad han elevado el tono en las últimas semanas, evidenciando un desgaste acumulado durante años que ha terminado por estallar en esta legislatura. La movilización más reciente se traslada al panorama educativo, en el que los sindicatos con mayor representación entre el profesorado—con USTEC·STEs a la cabeza— se oponen al pacto que firmó la Generalitat con CC OO y UGT hace dos semanas. Un acuerdo que supone una subida progresiva del 30% del complemento salarial autonómico, entre otras cuestiones, y que agranda sus discrepancias con el ejecutivo catalán y entre las propias entidades sindicales.

A esta protesta, también se sumaron hace una semana los médicos catalanes para exigir al Govern un convenio propio y mejores condiciones laborales ante la sobrecarga de trabajo. El sindicato Metges de Catalunya (MC) denuncia especialmente la falta de conciliación o las guardias de 24 horas y exige anticipar la edad de jubilación en el Sistema de Seguridad Social. El descontento también va más allá de estos sectores. Porque el campo catalán continúa presionado por el aumento de costes, la falta de relevo generacional o la propagación de enfermedades animales como la peste porcina africana, que afecta a un total de 18 municipios catalanes, incluyendo el término municipal de Barcelona.

Al mismo tiempo, el deterioro del servicio de Rodalies —acentuado tras el accidente de Gelida— ha intensificado las quejas de usuarios y trabajadores, que denuncian falta de inversión, problemas de seguridad y un servicio cada vez más ineficiente. En conjunto, Cataluña ofrece hoy la imagen de un territorio tensionado en múltiples frentes, con conflictos sectoriales que se superponen y un Govern sin margen político para dar respuestas de calado. Así, mientras Salvador Illa trata de proyectar estabilidad, la realidad dibuja un escenario mucho más complejo, en el que la acumulación de crisis amenaza con erosionar definitivamente su promesa de normalización.