La consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña, Esther Niubó, tendrá que dar explicaciones el próximo 14 de mayo ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la presunta «marginación al castellano» en las aulas catalanas. La comparecencia, tal y como ha podido consultar este medio, se aprobó a instancias del grupo europarlamentario «Patriots for Europe», al que pertenece Vox, que lleva tiempo denunciando lo que considera una vulneración de los derechos lingüísticos de las familias castellanohablantes en Cataluña.

El origen de esta petición se remonta a una visita realizada en diciembre de 2023 por una delegación de eurodiputados a centros educativos catalanes. Durante su estancia, los parlamentarios europeos evaluaron la situación del derecho de las familias a recibir educación en español y analizaron si el modelo de inmersión lingüística catalán respetaba los principios fundamentales de la Unión Europea, como el multilingüismo, la no discriminación y la sentencia judicial de impartir, al menos, un 25% de las horas en castellano.

Fruto de esta visita, la delegación redactó un informe demoledor en el que se acusaba a la Generalitat de incumplir sistemáticamente las sentencias judiciales que garantizan un mínimo del 25% de enseñanza en castellano. El documento, además, recogía el testimonio de familias que, según Vox, sufren «acoso» por denunciar públicamente esta situación, así como la «inacción» del Síndic de Greuges y de la Inspección Educativa a la hora de garantizar sus derechos, tal y como afirman fuentes de la formación a este medio.

Entre las recomendaciones emitidas por el Parlamento Europeo tras conocer el informe, se incluía la exigencia de garantizar la enseñanza en castellano, abrir un diálogo real con las familias afectadas y respetar de manera efectiva las resoluciones judiciales. Según el grupo Patriots for Europe, el Govern no solo ha ignorado dichas recomendaciones, sino que ha endurecido su política lingüística en las aulas.

Desde Vox recuerdan que el anterior Ejecutivo catalán, liderado por Esquerra Republicana, aprobó la ley 8/2022 con el apoyo del PSC. Esta norma dejó fuera al castellano como lengua vehicular, en una maniobra que, denuncian, tenía como objetivo eludir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 16 de diciembre de 2020, que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en español.

«El sistema educativo catalán discrimina a la mayoría de los alumnos», sostiene Manuel Acosta, diputado de Vox en el Parlament de Cataluña. Acosta acusa directamente a Niubó de haber mentido «descarada y vergonzosamente» al Parlamento Europeo en marzo, cuando aseguró que la Generalitat cumplía con la legalidad vigente respecto al uso del castellano en las aulas.

Vox, sin embargo, se muestra escéptico ante la comparecencia de la consejera. Según fuentes del partido, Niubó tratará de proyectar en Europa una imagen distorsionada de la situación lingüística en Cataluña, presentando una supuesta normalidad que, dicen, no se corresponde con la realidad que viven muchas familias.

Por todo ello, han exigido que Niubó comparezca ante las instituciones europeas por la situación del castellano. Así lo hará el 14 de mayo, cuando se someterá al escrutinio de la Comisión de Peticiones. Será una cita clave en un debate que vuelve a poner el foco sobre el modelo lingüístico.